La Diputación Permanente del Parlament ha derogado este viernes el decreto ley del Govern que pretendía adoptar medidas urgentes para armonizar la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El decreto ha sido tumbado con el voto en contra de la CUP, Cs, PSC-Units, comuns y el PP, mientras que JxCat y ERC han sido los únicos que han votado a favor.
En su intervención, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha explicado que el objeto principal del decreto es minimizar la afectación a la ciudadanía y adaptar las regulaciones de las prestaciones sociales afectadas por la implementación del IMV.
Solicitudes pendientes de resolución
Ha explicado que es una medida que se ha acordado de manera conjunta con agentes sociales como la UGT, Pimec, Foment del Treball, La Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis, entre otros.
Las medidas detalladas en el decreto son relativas a las solicitudes pendientes de resolución, a la modificación de los requisitos la documentación presentada o la adaptación del plazo de resolución a los 3 meses, entre otras.
Según El Homrani, el decreto aúna «procedimientos clave» para asegurar al máximo los derechos de los más vulnerables, además de dar seguridad jurídica a los ciudadanos y evitar el gasto de recursos públicos.
Problemas de tramitación
Según la diputada de Cs, Noemí de la Calle, el Govern ha tardado en establecer ayudas a las familias vulnerables como el RGC y le ha reprochado que el decreto presentado contenga «importantes elementos regresivos» que afectarían negativamente a la ciudadanía sin recursos.
El socialista Raúl Moreno ha lamentado que la medida de la RGC, presentada en 2017, llevaba consigo «innumerables problemas» en la coordinación de su gestión y de tramitación que aún no se han remediado y que, a su parecer, dificultan el acceso de los solicitantes a ambas prestaciones.
Por parte de los comuns, Marta Ribas ha señalado que el decreto ley no armoniza elementos de contenido o requisitos de acceso, ya que sólo propone «resolver vacíos» de tramitación, por lo que ha augurado que próximamente habrá una saturación de solicitudes.
El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha asegurado que el decreto presenta puntos que pueden generar un «silencio administrativo negativo» y ha exigido conocer cuál será la respuesta resolutiva por parte de las instituciones ante este escenario.
Según el popular Alejandro Fernández, el decreto presenta errores que provocarían que parte de los solicitantes reciban un segundo ingreso mientras que otros aún no han recibido el primero, por lo que ha pedido «agilidad administrativa» teniendo en cuenta el contexto actual marcado la crisis del coronavirus.
ERC y JxCat
Por su parte, la republicana Marta Vilalta ha defendido que es un decreto «necesario» que permite asegurar la correcta implementación de las prestaciones y, según ella, sería una irresponsabilidad por parte de los grupos parlamentarios no apoyar el decreto.
La diputada de JxCat Gemma Geis ha abogado por hacer política de consenso dadas las circunstancias económicas y sociales derivadas del coronavirus con el objetivo de encontrar «encaje jurídico» entre administraciones e impulsar las ayudas.