El gobierno de la Generalitat, como si no tuviera suficientes enemigos, ha topado también con la Iglesia. Tal vez haya sido una manera de destacar entre las izquierdas anticlericales, que son la mayoría; pero la Iglesia aún tiene quien la defienda.
La asociación e-Cristians acusa a la Generalitat de hacer un uso indebido de sus atribuciones al «prohibir el funeral por los muertos de la covid-19 en la Basílica de la Sagrada Familia».
La prohibición llegó a última hora, y el funeral se hizo. El Arzobispado de Barcelona lamenta que «el Govern presione para que se reabra la basílica a los turistas y a todos los públicos» pero que «en cambio no se autorice la celebración de la eucaristía».
En consecuencia, el presidente Torra ha anunciado un expediente sancionador al Arzobispado.
Además, mezclando churras con merinas, ha afirmado: «Me parece muy bien que Omella apele a la libertad de culto religioso, pero lamento que no haya levantado la voz (…) contra la represión en Cataluña ni una vez.»
Desde e-Cristians arguyen, entre otras cosas, que «una decisión de rango administrativo no puede vulnerar el derecho al culto y a la libertad religiosa» y que «no tiene ningún sentido limitar el aforo de bares y restaurantes al 50%, una magnitud relativa, y establecer en el culto una medida absoluta, máximo 10 personas, sin considerar la amplitud del recinto, las distancias y medidas de seguridad».
Las iglesias son de la Iglesia
Otro contencioso es el de las inmatriculaciones —una inmatriculación no es otra cosa que la inscripción por primera vez de una finca en el Registro de la Propiedad—. Afirma e-Cristians: «El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC) presentaron, con exceso escenográfico, el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia en Cataluña. Lo grave es que lo hicieron en unos términos tales que daban a entender que se había producido una especie de abuso o arbitrariedad eclesial, al tiempo que incitaban a que se presentaran reclamaciones. Es un hecho insólito en Europa por la forma y el fondo.»
Una nota de la Conferencia Episcopal Tarraconense recuerda: «Las inmatriculaciones se han llevado a cabo después de que entre 1861 [año en que se crea el Registro de la Propiedad] y 1998 no se pudieran inscribir templos destinados al culto católico, porque se consideraba de pública notoriedad el dominio de la Iglesia sobre aquellos templos. En 1998 se consideró inconstitucional esta prohibición y se pudieron registrar los bienes».
Otra tempestad en un vaso de agua. Puede haber algún caso discutible, pero eso no justifica el despliegue mediático y la incitación a la denuncia: La Iglesia puso a su nombre 3.722 propiedades en Cataluña sin probar su titularidad.
«¿De quién serán las catedrales, basílicas, templos, capillas y edificios y terrenos parroquiales sino de la Iglesia, que los ha construido y cuidado a lo largo del tiempo?», pregunta e-Cristians.
Pero hay quien se complace en estos enfrentamientos de baja estofa política que conectan con el anticlericalismo del país. En el Punt-Avui ya afirman que tres díes ha tardado el cardenal Omella en declarar la guerra al gobierno catalán.
Los tres jinetes del Apocalipsis
Más beligerante es Josep M. Carbonell, en La Vanguardia —Los galicanistas catalanes—, que percibe una ofensiva de «los tres jinetes del futuro apocalipsis destructivo de Cataluña»: «Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Quim Torra, los tres, han decidido ya hace tiempo ir a por todas. Y si hay que destruirlo todo en nombre de la independencia de Catalunya, se destruye. Ahora le toca a la Iglesia: la trompeta del ataque ha sonado y los jinetes de la independencia han decidido cabalgar contra los obispos y el propio Papa. El cabeza de turco es ahora el cardenal Omella, mañana será el copríncipe y arzobispo de La Seu, después el arzobispo de Tarragona y seguirán.»
Para Puigdemont y Torra, dice Carbonell, «la Iglesia catalana tiene que convertirse en la Iglesia para la independencia. Y si eso significaba que se debe partir por la mitad —como el país—, pues que se parta. El espíritu galicanista planea sobre Catalunya. Quieren una Iglesia nacional.» Junqueras, «con más tacto, (…) también está decidido a forzar un pronunciamiento de la Iglesia en favor de la independencia de Cataluña».
¿El poder civil catalán está haciendo chantaje a la Iglesia para que se posicione abiertamente a favor de la independencia? Eso parece pensar Carbonell, pero «nuestros obispos, encabezados por el cardenal Omella, conocen muy bien el pluralismo existente en la comunidad católica catalana y saben muy bien, también, que la concreción de todo proyecto político en las democracias forma parte del ámbito estricto de la política».
