La alarma provocada por la declaración de confinamiento total, convertido en voluntario por resolución judicial, por parte de la Generalitat de los municipios del Segrià y las medidas posteriores sobre el Área Metropolitana de Barcelona, agravada por el tratamiento sensacionalista de los medios, han provocado una nueva paralización económica y, sobre todo, han frenado en seco la recuperación del sector turístico por la reacción de diversos países desaconsejando viajar a Cataluña y, después, a toda España, o estableciendo cuarentenas a los viajeros procedentes de nuestro país.
Las «recomendaciones» del Govern tuvieron como efecto local la paralización de algunas actividades económicas como las culturales o las deportivas. Nada que, aparentemente, no pudiera afrontarse desde lo político. Sin embargo, la insistencia del Ejecutivo de Quim Torra en la supuesta gravedad de la situación, que han llegado a calificar de «crítica«, se empieza a saldar con consecuencias mucho más graves y que, además, se extienden a toda España. Francia recomendó el viernes a sus ciudadanos no viajar a Cataluña. El turoperador TUI, con más de 350 hoteles en esta comunidad, anunció el sábado que cancelaba sus operaciones en la España continental hasta nuevo aviso. Y, por si no fuera suficiente, el Reino Unido daba a conocer el domingo su decisión de someter a aislamientos de 14 días a todos los viajeros procedentes de España. Como dicen los taurinos, estocada hasta la bola para el principal sector económico del país. También de Cataluña.
¿Situación crítica, como dice Torra?
Pero, ¿está realmente justificada la alarma? ¿Es tan «crítica» la situación como dijo el sábado el presidente Torra? La realidad es que no lo parece. Los hospitales catalanes no están sufriendo ningún tipo de crecimiento alarmante de ingresos por COVID-19. «La cifra de ingresos hospitalarios es todavía baja, en relación a los casos positivos detectados», aseguran desde el Servei Català de la Salut (CatSalut), «la incidencia y la sintomatología de esta oleada de contagios es menos grave«.
El virus, además, es ahora menos agresivo y sus víctimas son, sobre todo, los jóvenes, en los que la enfermedad se suele dar de forma leve. A estos se suman los asintomáticos. En este caso, cuesta entender cómo son detectados en Cataluña, una comunidad en la que es casi imposible contactar con el 061 para saber si debes o no realizarte la prueba del COVID-19. Y, cuando lo logras, ellos mismos te recomiendan realizarla por la sanidad privada para evitar las largas esperas que se están registrando.
Sin embargo, desde el Govern aseguran que se hacen más pruebas PCR y test serológicos, con lo cual se detectan más rápidamente los casos que entre marzo y junio pero, ahora, es Atención Primaria, y no los hospitales, el servicio que está recibiendo el impacto de los nuevos contagios.
Vacaciones en Atención Primaria
Cuesta también entender el alarmismo del Govern, recogido por los medios independentistas y por los nacionales, cuando se ha puesto en marcha con gran retraso, según los expertos, el equipo de rastreadores por el que Salud pagará a una filial de Ferrovial dirigida por un hermano de Oriol Junqueras casi 18 millones de euros. Con el mismo objetivo, se anunció una partida de 4,5 millones para la Atención Primaria. Un servicio sanitario que ahora mismo sí está haciendo frente al incremento de casos pero con menos personal del habitual. A una parte de las plantillas se le ha obligado a tomar vacaciones durante julio, agosto y septiembre, con la vista puesta en una posible nueva oleada de la enfermedad en otoño.
Nada indica ahora mismo realmente que Cataluña esté en esa situación crítica que tanto se advierte desde el Govern. Menos aún que sea recomendable un nuevo confinamiento total de la población, en el caso de que el Ejecutivo autonómico pudiera tomar esa decisión. Y es que, aunque lo hiciera el Gobierno central, la misma sería más que cuestionable por no estar apoyada ni tan siquiera en criterios legales o en la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).
Confinamiento sin apoyos
Basta consultar el Reglamento Sanitario Internacional, firmado por España en 2007, en el que la OMS se arroga la posibilidad de formular recomendaciones a los países para «prevenir o reducir la propagación internacional de una enfermedad con un mínimo de trabas para el tráfico internacional». En su artículo 18, se indica que la organización supranacional podrá recomendar «someter a las personas sospechosas a observación de salud pública», «someter a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas» o «someter a tratamiento y a aislamiento, cuando proceda, a las personas afectadas». En ningún caso, se habla de un confinamiento total de la población, como se ha hecho en España y como parece que se pretende volver a decretar.
Así las cosas, las nuevas medidas restrictivas tomadas en Cataluña por el Govern de Torra han generado gran indignación en, por ejemplo, el sector del ocio nocturno. Desde la Federación Catalana de Actividades Recreativas Musicales (FECASARM), las consideran «erróneas, injustificadas y contraproducentes«. En un comunicado, esta entidad advertía de que recurrirá al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) por el cierre de las discotecas. Y alega, además, que el Govern vulnera la propia ley catalana de salud pública, los principios de legalidad y de proporcionalidad y las recomendaciones de la OMS.
Y mientras los hoteleros intentan salvar lo poco que aún puedan en plena temporada alta, Martín Sarrate, presidente de la Asociación Catalana de Agencias de Viaje, ha advertido de que el sector prevé «un descenso de ventas del 70%» que, de seguir así, puede ser aún mayor. Algo de lo que ha responsabilizado a quienes no han «controlado la información» sobre los rebrotes, provocando «alarmismo e inseguridad«.
