Reactivación Económica II: el sistema laboral y otras políticas

El Grupo de Trabajo de Reactivación Económica (GT-RE) creado dentro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso mantuvo su primera reunión de trabajo el 21 de mayo y aprobó el borrador de conclusiones en su novena y última sesión extraordinaria el 1 de julio. Recibió el respaldo de 165 diputados, 120 del grupo socialista, 35 de Unidas Podemos y 10 de Ciudadanos. Obtuvo, por tanto, el apoyo del 47,1% de la Cámara, pero fue rechazado por 113 diputados, se produjeron 10 abstenciones y algunos grupos no participaron en la votación. En las votaciones previas de enmiendas parciales, el GT rechazó, con apoyo del PP, la propuesta de Unidas Podemos de derogar la reforma laboral y crear un impuesto a las grandes fortunas. El borrador está estructurado en 10 bloques temáticos cuyos títulos y número de propuestas de resolución asociadas aparecen en el Cuadro 1.

El artículo de la semana pasada o dediqué a examinar las conclusiones del GT-RE correspondientes a los bloques más relevantes desde un punto de vista económico: el Bloque 1, “Modelo productivo, la economía social y las PYMES”, el Bloque 6, “Política fiscal y eficiencia del gasto público”, y el Bloque 8, “Sistema financiero”,. Tal y como avancé entonces, el artículo de esta semana va a analizar las conclusiones del Bloque 2, “Sistema Laboral: formación y empleabilidad», y del Bloque 9, “Impulso política comercial, apoyo a la automoción, relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería”. El interés del primero lo explica la escasa capacidad de creación de empleo y la elevadísima tasa de paro que ha registrado el mercado laboral español desde 1978. El segundo porque afecta al sector exterior, a un sector industrial de gran importancia, la automoción, y a varios sectores de servicios que, por sus propias características, se han visto más afectados por el confinamiento y a los que más difícil les va a resultar recuperar los niveles de actividad previos a la irrupción del Covid-19.

Cualquier economista profesional echará de menos que los autores del documento no delimiten con nitidez los problemas específicos derivados del confinamiento

Clemente Polo

En el citado artículo de la semana ya avanzaba que “el documento en su conjunto se podría caracterizar como un batiburrillo de buenos deseos, generalidades y lugares comunes y vagas propuestas acordadas entre representantes de grupos políticos más preocupados por quedar bien con determinados organizaciones y colectivos sociales que en reactivar la economía española”. Como veremos este diagnóstico negativo se confirma al examinar estos dos nuevos bloques del GT-RE. Cualquier economista profesional echará de menos que los autores del documento no delimiten con nitidez los problemas específicos derivados del confinamiento -ERTE’s y aumento del desempleo en los primeros meses de 2020- de los problemas crónicos -bajo crecimiento de la ocupación, altísima tasa de paro y elevada tasa de temporalidad- que aquejan al mercado laboral desde hace décadas, y propongan planes de actuación específicos para cada uno de ellos. De nuevo, los diputados se limitan a enumerar una lista de vagas propuestas dirigidas a impulsar reformas «integrales e integradas» que ya se han ensayado con escaso éxito en el pasado y otras que probablemente ni se acometerán. La falta de concreción se echa incluso más a faltar en la sección del documento dedicada al comercio internacional, al sector de automoción y al Turismo y a la Hostelería, dos de los sectores de servicios más golpeados por las medidas de confinamiento y a los que resultará difícil recuperar la actividad mientras una desescalada mal diseñada y peor ejecutada siga produciendo un aumento del número de contagios.

Sistema laboral: formación y empleabilidad (Bloque 3)

El Bloque 3 dedicado al sistema laboral parte de la premisa de que “el sistema laboral necesita adaptarse a la nueva realidad post Covid-19 que plantean los cambios en la economía, especialmente vinculados a las nuevas tecnologías y la transformación digital entre otros”. Incluye 21 propuestas de resolución que como en los otros bloques analizados son poco más que una mera expresión de deseos difusos y vagas promesas de reformas en ámbitos tan variados como la educación y la formación profesional, la temporalidad de los contratos, la dignificación del trabajo autónomo, el fraude laboral, la implantación del teletrabajo, la prevención de riesgos laborales, el fomento del diálogo social, la conciliación laboral y familiar, el impulso de la Economía Social, etc.

Los autores del documento aprobado en el GT-RE consideran que un “objetivo fundamental en la reconstrucción será la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la excesiva temporalidad” y considera “la formación profesional “un elemento fundamental para aumentar la empleabilidad de la población activa”. Y “para ello es necesario impulsar un paquete de medidas de manera integral e integrada que facilite la incorporación, permanencia y progresión de los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral”, a fin de proporcionarles “además de una sólida competencia técnica, competencias ‘blandas’, como la creatividad, competencias digitales, comunicación, pensamiento crítico, capacidades analíticas y predictivas, cooperación y actitudes proactivas para liderar los cambios necesarios tanto sociales como económicos”. Para los señores diputados 9 años de educación infantil y primaria, 6 años de educación media o profesional, y 4-6 años en la Universidad y algunos máster son insuficientes para dotar a la población con tales competencias.

La escasa capacidad para crear puestos de trabajo netos, el elevado porcentaje de asalariados con contratos temporales y las elevadisimas tasas de paro (…) y nada tienen que ver con “la nueva realidad post Covid-19”

Clemente Polo

Pues bien, la premisa de partida no puede ser más errónea. La escasa capacidad para crear puestos de trabajo netos, el elevado porcentaje de asalariados con contratos temporales y las elevadisimas tasas de paro son tres características crónicas de la economía española desde los años 80 y nada tienen que ver con “la nueva realidad post Covid-19”. Lo primero que debería haber hecho el grupo de trabajo es deslindar los problemas específicos ocasionados por el confinamiento y la recesión epidémica de las debilidades crónicas de nuestro mercado laboral.

En cuanto a los primeros, lo que se necesita en estos momentos no es “impulsar un paquete de medidas de manera integral e integrada” para adaptarse a los cambios “vinculados a las nuevas tecnologías y la transformación digital”, sino canalizar y controlar las ayudas transitorias dirigidas a los trabajadores y a las empresas, en forma de prestaciones a los primeros y de préstamos y recortes impositivos a las segundas, para asegurar la pronta normalización de la actividad económica. Puesto que estas ayudas exigen incurrir en mayores déficits y el Estado no podrá mantenerlas mucho más tiempo, la prioridad del gobierno debiera ser controlar los rebrotes de la epidemia que están ya produciéndose para proporcionar la certidumbre necesaria a dichos trabajadores y empresas.

Los problemas crónicos del mercado laboral tienen su raíz no tanto en la falta de competencias digitales y creatividad de los trabajadores, como da a entender el GT-RE, sino, sobre todo, a la escasez de puestos de trabajo para trabajadores con todo tipo de cualificaciones, altas, medias y bajas, y en menor medida a la escasa disposición de los trabajadores parados a aceptar puestos de trabajo ahora ocupados por extranjeros. En relación con el primer problema, hay que abaratar los costes laborales y aumentar el atractivo de la economía española para la inversión extranjera para mejorar la competitividad y las exportaciones. Ni los aumentos de impuestos ni las políticas de expansión del gasto que planea el gobierno Sánchez-Iglesias van a ayudarnos a crear empleo y a reducir el paro. En cuanto al segundo, resulta indispensable reformar el sistema de prestaciones a los desempleados y el funcionamiento de las oficinas de colocación públicas a fin de incentivar la búsqueda de trabajo.

Política comercial, apoyo a la automoción, relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería (Bloque 9)

Estamos, sin duda, ante cuatro grandes áreas de enorme importancia para la economía española. Y de nuevo todo lo que aporta el GT-RE en este Bloque 9 es el reconocimiento de algunos hechos bien conocidos (desplome del comercio mundial, importancia del sector de automoción como generador de valor añadido y de exportaciones, el papel del turismo como generador de empleo y valor añadido, etc.) y algunas propuestas carentes de cualquier interés por inconcretas. Por ejemplo, si se concede a “la internacionalización de las empresas un papel importante en el proceso de recuperación”, uno esperaría algo más que expresar la intención de “aprobar el III Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022” que tendrá como objetivos prioritarios el “aumento de la propensión a exportar”, “la diversificación de los mercados de destino de la exportación”, “el incremento del valor añadido de las exportaciones”, o “el aumento de la atracción de la inversión extranjera”. Da la impresión de que nada se va a hacer en 2020 salvo aprobar dicho plan para 2021. Desde luego, aumentar el gasto social y subir los impuestos en 2020 poco va a ayudar a atraer inversión extranjera.

Asimismo, se reconocen la importancia del “sector de automoción en España representa el 10% del PIB (incluyendo distribución y actividades anexas) y el 19% del total de las exportaciones españolas”, y del sector turístico, otro de los motores de la economía española, que “aporta el 12,3% del PIB y emplea al 12,7% del total de afiliados a la Seguridad Social en España”. Por ello, el GT-RA establece que “una de las prioridades del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica debe ser realizar un esfuerzo colectivo de administraciones, empresas y trabajadores con el objetivo último de mejorar la productividad, preservar nuestras capacidades productivas en la automoción e impulsar la recuperación” y que el turismo ha de ser “un sector prioritario en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, tanto para afrontar medidas de choque a corto plazo ante el fuerte impacto de la pandemia sobre esta actividad, como también para su modernización y diversificación”. Además de reconocer la importancia de los sectores y anunciar plantes tales como “aprobar el Plan de Impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoción, ‘Hacia una movilidad Sostenible y Conectada’ elaborado por el Gobierno” o “implementar el Plan de Impulso del sector turístico ‘Hacia un turismo seguro y sostenible post-COVID-19”, falta en el documento planes concretos para recuperar la producción del sector automovilístico y el turismo.

Comentarios similares pueden hacerse de los apartados dedicados a la Hostelería, un sector que “representa en torno a 1,6 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 8,8% del total de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos más de un millón de trabajadores de la hostelería están protegidos por ERTE (55%) y prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos (17%)”. Más allá de formular deseos a futuro, tales como “potenciar la promoción de la hostelería como establecimiento seguro y sostenible” o “potenciar en los establecimientos el ‘Zero Waste’”, la única promesa interesante que se presenta es “estudiar en el marco del diálogo social, la posibilidad de extender las medidas laborales de flexibilidad interna… así como establecer incentivos para la formación y la recualificación de los trabajadores en sectores donde la actividad no se recuperará por completo”.

Los diputados dan por sentado que “una vez controlada la crisis sanitaria e inmersos en el proceso de desescalada es el momento de reactivar la actividad de la hostelería de forma segura”. Pero el principal problema del sector de Hostelería y restauración es precisamente que las alarmantes cifras de nuevos casos que está produciendo la mal diseñada y anárquica desescalada apuntan a que la epidemia está lejos de estar controlada y que restaurantes y hoteles pueden convertirse en focos de contagio, como ya ocurrió cuando se inició la expansión de la epidemia en los meses de febrero y marzo. Las prisas de Sánchez por reducir el coste de los ERTE’s y la falta de prudencia de la población puede salirnos muy cara.

Para ese viaje no hacía falta alforjas

El documento de conclusiones redactado y aprobado por el GT de Reactivación Económica en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica presidida por Patxi López en el Congreso resulta altamente decepcionante. Más allá de su mejorable redacción, el texto es una vaga amalgama de hechos bien conocidos, frases altisonantes y vagas promesas de estudio y aprobación de planes. Se echan en falta medidas concretas de actuación para reactivar la maltrecha economía española en los próximos meses. El hecho tampoco puede sorprendernos puesto que las cualificaciones profesionales de López y el resto de los 46 diputados que integran la Comisión no son precisamente las más apropiadas para redactar un plan de reactivación económica en medio de una recesión mundial de enorme intensidad.

Se han perdido dos meses preciosos en discusiones infructuosas y enfrentamientos políticos estériles que poco van a ayudar a los españoles a salir de la recesión más dura que ha registrado la economía desde la Guerra Civil. Quizá los diputados debieran haber ojeado el texto de la “Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act” (CARES Act) aprobada en el Senado de los Estados Unidos el 27 de marzo de 2020 y la evaluación por la Oficina Presupuestaria del Congreso de sus efectos presupuestarios en el período 2020-2030. Una tarea de esta envergadura se debería haber encargado al Banco de España, una institución que cuenta con economistas capacitados para diseñar un paquete coherente de medidas y dispone de herramientas para evaluar sus consecuencias económicas y presupuestarias a corto y medio plazo. Comprendo que eso sería tanto como reconocer las limitaciones de los señores diputados en materias económicas, pero ¿acaso no hacen precisamente eso cuando acuden al médico para tratarse una dolencia grave? Quizá la falta de prisas e interés de los diputados en este caso radique en que la dolencia afecta a los ciudadanos que los votaron, no a los señores diputados.