Según el CIS, un 62% de los españoles quiere más mano dura en la lucha contra el coronavirus. Especialmente los de edad avanzada y con sus ingresos aparentemente seguros, es decir, funcionarios, trabajadores de grandes empresas, jubilados.
El dato es relevante en primer lugar porqué demuestra que la asfixiante desinformación sobre la pandemia ha calado en buena parte de la población. Y no me he equivocado. Digo desinformación porque tenemos multitud de noticias pero nula transparencia, como han denunciado incluso los alcaldes de poblaciones afectadas por unas medidas que vuelven a causar pánico entre la gente.
Segundo, porque, ante la evidente incapacidad de gestionar adecuadamente la «nueva normalidad«, parecería que las autoridades catalanas, no sólo ellas pero aquí especialmente, han optado por curarse en salud, tomando medidas indiscriminadas que van a favor de la corriente popular y que podían justificarse en marzo por la sorpresa y la elevada mortalidad, pero que ahora carecen de justificación alguna.
Las autoridades catalanas (…) han optado por curarse en salud, tomando medidas indiscriminadas que van a favor de la corriente popular.
Se trata de correr una cortina de humo sobre su mala gestión y tratar de trasladar la responsabilidad a los ciudadanos. Benito Almirante, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Vall d’Hebrón, un lugar privilegiado para saber la situación de primera mano, ha señalado en declaraciones al diario ARA que llevan cuatro semanas sin muertes por COVID-19, que hay 10 personas en la UCI, cuando en marzo llegaron a 750 ingresadas y más de 30 muertes diarias. También ha afirmado que el brote actual es mucho menos letal y que los médicos tienen muchos más instrumentos y conocimientos para tratar la enfermedad. ¿En este marco no hubiera sido más lógico un seguimiento exhaustivo de los nuevos casos y medidas selectivas en vez de volver a confinar a la población de amplias zonas de Cataluña?
El daño de estos anuncios, sobre todo de cara al exterior, es tremendo. Si la temporada turistica ya estaba muy tocada, los nuevos confinamientos la han acabado de hundir. Cataluña ha vuelto a ser noticia negativa en todo el mundo. Y no se trata de anteponer la economía a la salud. La proporcionalidad es esencial y el nivel actual no justifica medidas tan gravosas para la economía pero con efectos negativos también en el ámbito de la salud: depresiones, suicidios, no atención de otras enfermedades, que podrían haberse evitado actuando con eficacia y con medidas selectivas. Menos declaraciones grandilocuentes, menos sensacionalismo y más eficacia.
En un Estado de Derecho no puede permitirse que se anulen derechos constitucionales sin los procedimientos constitucionales previstos.
No es de recibo anunciar el confinamiento domiciliario, con la alarma correspondiente, y tener que transformarlo en una recomendación por falta de amparo legal. Y menos mal que los jueces han aguantado las presiones. En un Estado de Derecho no puede permitirse que se anulen derechos constitucionales sin los procedimientos constitucionales previstos. Sólo el estado de alarma puede anular derechos constitucionales como los de libre circulación, reunión o manifestación.
El clamor por la mala gestión del Govern es atronador y desborda, ampliamente, a los opositores al independentismo. Es una evidencia meridiana. Somos victimas de las luchas internas del Govern entre ERC y JxCat. De tratar de ganar puntos de cara a las elecciones autonómicas. Cuando se tiene la mente ocupada exclusivamente en el ‘procés’ la gestión de todo lo demás se resiente.
El coste de la incompetencia, del sectarismo, de colocar como gobernantes a adocenados militantes es incalculable y lo sufriremos durante mucho tiempo.
Pero sobre todo somos victimas de un sistema político que prima a los militantes fieles, al margen de su capacidad, para repartirse el botín de gobernar. La clase política, salvo honrosas excepciones, se ha degradado hasta extremos inauditos. La escasa talla intelectual y la poquísima capacidad gestora de nuestros gobernantes nos demuestra que algo falla en el sistema. Demasiados curriculum de gobernantes de máximo nivel de responsabilidad se limitan a haber hecho carrera política desde su juventud. Personas sin preparación para afrontar momentos excepcionales como este, que no serían fáciles ni para los mejor preparados.
Esto es cierto en toda España. En Cataluña, el procés ha agravado esta tendencia generalizada. La decadencia de Cataluña no hace más que acelerarse.
La crisis pone de manifiesto también las contradicciones de Torra y su Govern que han estado pidiendo y, alardeando, de desobediencia y, ahora, piden obediencia ciega. En definitiva, el coste de la incompetencia, del sectarismo, de colocar como gobernantes a adocenados militantes, es incalculable y lo sufriremos, unos más que otros, durante mucho tiempo.
