El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este miércoles que no descarta presentar una querella tras ser víctima de un presunto caso de «espionaje político», y que intentará hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y probablemente también con el vicepresidente, Pablo Iglesias, al respecto.
«No descarto una querella, lo está trabajando el equipo de abogados. La querella puede ser contra alguien o para descubrir quién hay detrás. Esto es lo que debería hacer el Gobierno, debería ser el primer interesado en investigar y depurar las responsabilidades que toque y garantizar que acaba la guerra sucia contra el independentismo», ha recalcado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.
Para Torrent, si el Gobierno era consciente de lo ocurrido significa que «cooperaba en la comisión de un delito, y esto es gravísimo, y si no era consciente hay una negligencia importante porque entonces hay aparatos del Estado que funcionan por su cuenta, y esto es un peligro».
CNI
También ha explicado que se pondrá en contacto, telefónicamente y por carta, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedirle explicaciones teniendo en cuenta que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depende de su cartera, y enviará una carta a organismos internacionales de defensa de los derechos fundamentales.
En paralelo, contactará con los líderes sociales, sindicales y políticos internacionales con los que se reunió entre mayo y abril de 2019, periodo en el que presuntamente fue objeto de programa espía Pegasus, para avisarles de que «indirectamente» han visto afectados sus derechos fundamentales.
«En ese momento teníamos una agenda internacional importante. Recuerdo que me reuní con la comisaria europea de los derechos humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatovic», ha precisado Torrent, que también ha dejado claro que la Generalitat no dispone de este software.
Estado español
Según Torrent, lo ocurrido es incompatible en un Estado de derecho: «Esto se hace por espionaje político, es ilegal absolutamente. No hay base jurídica para hacerlo. Nos han vulnerado el derecho a la intimidad y el derecho al tener unas comunicaciones seguras».
Al preguntársele quién le ha espiado, ha explicado que los investigadores le trasladan que todos los indicios llevan a deducir que detrás hay el Estado español, pese a no disponer de «pruebas concluyentes«, y ha avisado de que no se quedarán de brazos cruzados para intentar identificar a los responsables.