El País y The Guardian informaron ayer sobre el espionaje de móviles pertenecientes a destacados políticos catalanes: El móvil del presidente del Parlament fue objetivo de un programa espía que solo pueden comprar Gobiernos. Además de Roger Torrent (ERC), son mencionados Anna Gabriel (CUP) y Jordi Domingo (PDECat, ANC).
Esto fue posible debido a «un fallo de seguridad de WhatsApp» y a «Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo», no desde luego para espiar a adversarios políticos. Pero, con un juguete así, quién se resiste a utilizarlo. Las escuchas telefónicas son un subgénero de la crónica política en España. Hasta el Rey Juan Carlos llegó a ser espiado en lo años noventa. Y lo que no se sabe.
Según El País, «Pegasus permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos. Una posibilidad que abre la puerta a escuchar el sonido ambiente de una habitación si hay un móvil infectado. El sistema facilita, incluso, pincharmensajes y llamadas de voz cifradas.» «En fin, el paraíso del espía. Y del cotilla», como dice Tian Riba en El Punt.
Pista israeliana
Para Pere Martí, en Vilaweb, cuando algo así sucede, el Estado «deja de ser una democracia plena y se acerca a un régimen totalitario o una dictadura» y, nada sorprendentemente ve aquí «una actuación ilegal que confirma la causa general del estado contra el independentismo y el uso irregular de los servicios secretos contra la disidencia política».
Dicho esto, se centra en la pista israeliana en el espionaje a Torrent: «En estos últimos años la diplomacia española se ha esforzado en contentar al gobierno israelí para evitar el apoyo de este país al proceso catalán. Por eso ha aumentado las importaciones de Israel, ha comprado material militar y ha hecho inversiones. El año 2018 Israel exportó a España por valor de 161 millones de euros, sin contar el turismo. Tres años antes, en 2015, estas exportaciones habían sido de 80 millones de euros. En tres años, los años clave del proceso, se han duplicado, según datos del Ministerio de Industria español. Y buena parte de las exportaciones son de tecnología. El otro paquete importante es de armamento. El año pasado, el Ministerio de Defensa español, con Margarita Robles a la cabeza, pagó a la empresa israelí IMI Systems 3 millones de euros para material militar.»
Es decir que España no compra armamento y tecnología militar a Israel porque sea la mejor del mundo sino para impedir su apoyo a la independencia de Cataluña. En la antología de sandeces que ha generado el proceso, ésta está situada en las posiciones de cabeza. Por otra parta, más allás de simpatías personales, ningún estado serio ha considerado seriamente que el proceso catalán podría tener éxito. Tampoco ninguno se ha comprometido a apoyarlo ni que fuera verbalmente.
Sigue Pere Martí: «El discurso de Sánchez favorable a la resolución del conflicto político en Cataluña es incompatible con el mantenimiento del espionaje de los dirigentes independentistas. Si Sánchez dice que no sabe nada del espionaje en Torrent, o miente o no controla los servicios de información del estado.» Ningún gobernante reconoce estas actividades, las haya o no encargado. Está en el abc de la política.
También José Antich, en El Nacional, habla de causa general contra el independentismo y menciona «un dato nada menor: ¿Mientras Pedro Sánchez negociaba su investidura —en 2018 con Junts per Catalunya y ERC, o sea con el conjunto del independentismo, y en 2019 solo con Esquerra— y se lanzaban proclamas de mesas de diálogo que decían que iban a servir para encarrilar el problema catalán… se hackeaba el teléfono móvil de sus dirigentes y nadie lo sabía? ¿Se ha aprovechado políticamente por quien sea el contenido de estas gravaciones?» Preguntas retóricas que no obtendrán respuesta. Pero para sacarles provecho hubiera hecho falta que esas gravaciones contuvieran vida inteligente, política, se entiende.
Por supuesto que, concluye Antich, «en España, el espionaje político parece que está en los genes y que se puede despachar desde la mesa del Consejo de Ministros con un escueto «no nos consta». De la misma manera que no consta la corrupción de la monarquía española por más noticias que continúan apareciendo sobre el rey Juan Carlos I, las cuentas en Suiza y las sociedades en paraísosfiscales para asegurar el día a día de todos los miembros de la familia real de por vida. O las truculentas historias de cómo llegaba el dinero desde Suiza a la Zarzuela, donde el emérito, siendo jefe del Estado, tenía una máquina de contar billetes. Sí, tal como suena, aunque parezca más un chiste que algo que pueda ser real».
