En una decisión que parece encaminada a mostrar su faceta más radical de cara a la elecciones catalanas que planean en el horizonte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha resuelto desobedecer a la jueza y mantener el confinamiento de Lleida y siete municipios más de la zona. «No estamos de acuerdo, no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas», ha mantenido el president. Y es que, a su juicio, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar atascadas en un conflicto competencial en los juzgados. Por ello, ha reclamado a la población del Segrià que «por su bien» se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones del Govern en lugar de las del juzgado —cabe recordar que, según la juez, la medida de Torra equivale a un estado de alarma que solo el Gobierno puede declarar—.
Así, pese a la anulación por parte de la juez, Torra ha anunciado que convocará a los miembros del Govern para aprobar un decreto ley que corrobore la reclusión dictada por la Generalitat. «Queremos reforzar la seguridad jurídica y esta tarde aprobar este decreto ley que regulará cómo actuar en cualquier punto de Cataluña ante un rebrote», ha enfatizado. Por su parte, Pere Aragonès, que ha acompañado a Torra en la comparecencia, también ha arremetido contra la resolución de la magistrada. «Con todo el marco normativo que tenemos podemos tomar decisiones sin que se vuelva a aplicar el estado de alarma», ha asegurado.
Sanidad descarta decretar el Estado de alarma
La reacción del Gobierno al revés de la jueza de Lleida ha sido más sosegada y conciliadora que la exhibida por la Generalitat. En estos instantes, el ministro de Sanidad y Bienestar Social, Salvador Illa, no contempla decretar otra vez el estado de alarma. El motivo es que, según señalan desde el Ministerio, las «comunidades autónomas disponen de los instrumentos para actuar, como se ha visto en otros casos», por lo que han instado a Torra a explorar medidas alternativas. «Hay cuatro jueces que han avalado otro tipo de medidas. Otras situaciones no tan diferentes se han aceptado», han indicado, destacando que el «gobierno de España está al lado de todas las comunidades».
Los ‘comunes’ piden que se colabore con el Gobierno central
Por su parte, los comunes en Cataluña también han querido tranquilizar la situación. Su portavoz, Joan Mena, ha solicitado al Govern buscar la «vía jurídica más viable» para afrontar el rebrote leridano, y le ha instado a colaborar con la administración del Gobierno central, así como con los ayuntamientos. «Estoy seguro de que si hubiera habido transparencia y diálogo con todas las administraciones, hoy el Segrià y Lleida tendrían una situación de menos incerteza», ha mantenido.