El confinamiento total ordenado por la Generalitat en Lleida, que se ha dictado ante el rebrote de casos de Covid-19 en la comarca del Segrià y que afecta a 160.000 personas, es de competencia estatal y «pretende eludir la declaración del Estado de alarma«. Por este motivo, la juez del juzgado número 1 de Lleida ha dejado sin efecto dicho confinamiento, decretado tan solo horas antes de la decisión del juez. Lógicamente, las reacciones políticas ante tal prohibición no han tardado en sucederse.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha subrayado que la decisión de confinar la zona se tomó desde un punto de vista epidemiológico. «La situación es lo suficientemente grave como para poner anteponer aspectos jurídicos a los de la salud«, ha razonado. Asismismo, ha recordado que, tras el fin del estado de alarma, el Estado dijo que las competencias las ostentaban los territorios. Según ella, esta decisión judicial es una «mala apuesta». «Esto no es un Estado más descentralizado«, ha argumentado.
«Indignación y perplejidad»
Más vehemente aún en sus críticas se ha mostrado el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha declarado en Catalunya Ràdio que ahora mismo se debate entre la «perplejidad y la indignación» y que los «ciudadanos no se merecen esta incertidumbre«. «Soy incapaz de ver en qué beneficia la decisión judicial a la ciudadanía». Por otra parte, en RNE ha solicitado «claridad» sobre la situación y ha puesto en duda que una magistrada puede decidir sobre una «situación sanitaria». «Se deberían estar tomando decisiones sobre bases científicas o sanitarias» y no en base a «argumentos de tipo jurídico«, ha añadido.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha dicho entender el «desconcierto» que provoca la «resolución» de la juez de guardia de Lleida. «El Gobierno de la Generalitat no toma decisiones porque sí, lo hace sobre la base de datos técnicos y de lo que le indican los expertos. No son un capricho», ha remarcado Torrent. Por ello, ha hecho hincapié en que no comparte «en absoluto» la argumentación de la Fiscalía ni tampoco la de la juez de guardia. «Es la Generalitat la que está cualificada para tomar este tipo de decisiones», ha aseverado. Finalmente, en cuanto al hecho de que la reclusión ocasione «perjuicios económicos», Torrent ha sentenciado que la «salud pasa por delante de todo«.
