Si las interferencias de la política en la economía son lamentables, porque empobrecen un país, las interferencias en la gestión de la salud son aún más indignantes, porque cuestan vidas. Durante los peores meses de la pandemia, entre el gobierno central y el autonómico ha habido descoordinación, declaraciones contradictorias y ansias por competir y ponerse medallas antes de tiempo, mientras la población temía, con razón, por sus vidas y contemplaba perpleja las bajezas de su clase política.
«La voluntad es «solucionar solos los retos, puesto que tenemos autogobierno y capacidad», decía el consejero Buch el 19 de marzo, después de la declaración del estado de alarma.
La actitud de las autoridades catalanas ante el papel del ejército, Nació Digital, nada sospechosa de militarismo, la resumió así el 22 de junio: «El anuncio que el ejército se desplazaría también a Cataluña para hacer desinfecciones generó primero un rechazo frontal de la Generalitat que después se convirtió en aceptación resignada. Las imágenes de miembros de las Fuerzas Armadas españolas entrando y saliendo de residencias u otros espacios, por tanto, pasó a ser relativamente común durante el estado de alarma, aunque sin demasiada publicidad. Ahora, sin embargo, el gobierno español ha puesto cifras: el ejército hizo 420 intervenciones en Cataluña, de las que 179 fueron en residencias.»
«No se puede gestionar el desconfinamiento a 600 kilómetros de distancia, sin tener en cuenta las características de Cataluña», decía el presidente Torra el 25 de abril. Pues parece que a 150 km, que es la distancia entre Barcelona y Lleida, tampoco.
Discrepancias en todo, hasta en salud
Pere Martí, en Vilaweb —La pandèmia també divideix el govern—, reconoce la evidencia: «El hecho de haber recuperado las competencias de Salud e Interior para hacer frente a la pandemia no ha devuelto la paz al gobierno de la Generalitat ni ha mejorado la gestión de la crisis del coronavirus.» Esto no es ninguna excepción: el gobierno de coalición que preside la Generalitat de Cataluña vive instalado en el conflicto entre JuntsxCat y ERC.
«El confinamiento de Lleida llegó tarde porque dos miembros de ERC en el gobierno consideraron que no era necesario, como dijo la consejera Alba Vergés el viernes, y que podía perjudicar los intereses económicos y turísticos de las Tierras de Poniente [es una manera de referirse a la provincia de Lérida], como defendió el vice-presidente Pere Aragonés ante el presidente Quim Torra, en una reunión telemática el viernes por la noche.» Pues para no perjudicar a la zona donde se ha producido el rebrote, no tardaremos en ver cómo salen perjudicados los intereses económicos y turísticos de toda Cataluña.
El 1 de julio, infomaba el Punt-Avui que sólo están abiertos el 10% de los hoteles de Barcelona, unos 45. Las tristes noticias que llegan de poniente servirán para desincentivar a los pocos turistas que habían pensado acercarse a esta capital.
Hace dos días, la ministra de Sanidad belga «ha recomendado a sus conciudadanos que vuelen desde Cataluña que guarden una cuarentena de dos semanas al llegar al país, a la espera de los resultados de una prueba de coronavirus» y «lamentó que esta recomendación no fuese obligatoria, ya que “no existe base legal para ello”, pero sí (…) se trata de una “opinión fuerte” y avalada por expertos».
Esto fue al día siguiente que la Generalitat no tuviera más remedio que cerrar la comarca del Segrià —unos 210.000 habitantes, de los que 139.000 están en la ciudad de Lleida— después de resistirse hasta el último minuto. La consejera de Salud, Alba Vergés, el viernes 3, aún insistió en que «ahora mismo no se harán confinamientos selectivos en las tierras de Lleida».
Por cierto y sin ánimo de alarmar a nadie más de la cuenta, el mismo sábado un célebre catalán residente en Waterloo se desplazó a Perpiñán y se reunió con algunas personas procedentes del territorio administrado por la Generalitat.
El problema no son las competencias sino la incompetencia
Volviendo al artículo de Pere Martí y al debate interno en el gobierno: «Fuentes de Vicepresidencia matizan estas discrepancias pero confirmaron a VilaWeb que Aragonés puso todos los elementos sobre la mesa, como le corresponde en calidad de vicepresidente económico. Torra defendió el confinamiento perimetral recordando que había sido el primer dirigente político del estado español que lo había hecho en Igualada y la cuenca de Òdena, feudos del PDECat. El caso es que Lleida es un feudo de ERC, donde tiene la alcaldía de la capital y la presidencia de la Diputación. Las diferencias en el gobierno se hicieron evidentes cuando se acordó que cada uno avisaría a “los suyos” en Poniente.»
Aunque el inolvidable lema que acuñó el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, España es paro y muerte. Cataluña es vida y futuro, no fue compartido por todos, los intentos de sacar rédito electoral a la pandemia son transversales, e innegables. Con unas elecciones en el horizonte inmediato, lo peor que le puede pasar a este gobierno es exhibir descoordinación y mala gestión. Y eso es lo que ha hecho.
Sigue Pere Martí: «Mientras el gobierno español tenía secuestradas [sic] las competencias de Sanidad e Interior, gestionar la crisis era más fácil, porque todo lo que fallaba era culpa de Madrid. Con el final del estado de alarma, las competencias para gestionar la crisis del coronavirus vuelven a ser de la Generalitat y por lo tanto el gobierno tenía una oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor. Sin embargo, con el brote de Lleida no ha sido así. La imagen de descoordinación y división del gobierno ha evidenciado que se podía hacer tan mal como el gobierno español.»
Las continuas discrepancias entre las fuerzas que se reparten el gobierno nos pueden hacer perder de vista lo que comparten: su incapacidad de tomarse en serio una pandemia, de dejar de lado los miserables intereses políticos a corto plazo, de infundir confianza en la población.
Las malas decisiones tienen consecuencias fatales
Hoy mismo, Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia —‘Sottogoverno’ y virus— dictamina: «Es indudable que la gestión de la pandemia no es tarea fácil, los políticos han debido improvisar a partir de la visión de los expertos, cambiante y no siempre unánime. Las discrepancias científicas y las reyertas partidistas se han mezclado con una indecencia que hará época. Los gobernantes —serios o frívolos— han tratado de aprender sobre la marcha, a partir de la prueba – error, un método terriblemente insatisfactorio cuando las muertes se multiplican y los hospitales están a tope».
A pesar de un cierto grado de incertidumbre inherente a este tipo de situaciones, podían haberlo hecho mejor, bastante mejor. El domingo pasado, también en La Vanguardia, Josep Corbella hablaba de las verdaderas causas del brote de Lleida: «Lo que ha pasado en el Segrià no ha sido un accidente. No es una fatalidad de las que pueden ocurrir aunque se hagan las cosas bien. Es un desastre que hubiera debido evitarse. Lo que había que hacer era perfectamente conocido.»
Cita Corbella al director de la OMS: «Puedo ser como un disco rayado diciendo exactamente la misma cosa, pero la misma cosa funciona: testar, seguir, aislar y poner en cuarentena a los casos. Esto lo deben hacer los gobiernos. En segundo lugar, la higiene de manos para cada persona; por supuesto, mascarillas y el resto de cosas que se pueden hacer —la distancia social— a escala individual”.»
Y añade, aunque sin afirmar que estamos en manos de irresponsables, que «poner todo el énfasis en lo que hacen los ciudadanos, como hizo el president Quim Torra al dar por terminada la desescalada y apelar a la responsabilidad individual, y como ha hecho la consellera Alba Vergés esta última semana, no es suficiente para parar el coronavirus. Y desvía injustamente hacia los ciudadanos la responsabilidad de los brotes.»
Un aspecto concreto que nos atañe directamente, en lo que se refiere a Lleida: «Los brotes de Singapur y Alemania entre trabajadores inmigrantes que viven en condiciones precarias fueron un aviso de que podían surgir brotes en poblaciones similares en otros países. En España, en particular, entre temporeros que trabajan en el campo.»
La mascarilla, ya obligatoria
Como es propio de un gobierno que da bandazos a diestro y siniestro, quien ayer pretendía tranquilizarte, hoy sólo piensa en ponerte el miedo en el cuerpo.
Esta mañana, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha afirmado, en declaraciones a Rac1, que va a proponer al gobierno que la mascarilla sea obligatoria en toda Cataluña, incluso cuando exista la suficiente distancia de seguridad. Y, por supuesto, con la consiguiente imposición de sanciones a los refractarios.
Un día de estos, si se acuerdan, deberían informar a la población que llevar la mascarilla por debajo de la barba o en el codo no sirve de nada.
