Tom Peters, en los felices años 90, definió al dirigente empresarial como alguien que se siente cómodo en la confusión y creativo en la crisis. Un planteamiento que parece haber heredado un dirigente político como Carles Puigdemont, quien desde Waterloo está generando continuamente nuevas organizaciones en tiempos de caos. Ahora, Jordi Sànchez, en declaraciones a Rac1 que recoge Nació Digital, avisa al PDECat que la reordenación sólo pasa por crear un nuevo partido: «La reordenación de Junts per Catalunya —encallada y bajo la amenaza de ruptura— pasa por la creación de una nueva organización política en la que no haya ni cuotas ni vetos.»
Lo que sí hay es un «liderazgo indiscutido»: el de Puigdemont, que es a la vez «líder de JxCat, impulsor de la Crida y militante de la formación heredera de CDC [es decir, el PDECat]», amén de presidente del Consell per la República Catalana y eurodiputado español.
Desde luego, las cuotas y los vetos no faltarán. Aunque ahora lo que toca es decir que «quien quiera estará» en el nuevo partido, o lo que sea, que ha de servir para «sumar lo mejor de cada formación». Se entiende pues que lo peor de cada formación ha de ser excluido. El problema es que por el momento el PDECat no contempla disolverse. Hoy no, mañana. Mañana viernes se reúnen y puede ser que lo decidan.
Por otra parte, Jordi Sànchez, en la misma entrevista radiofónica, ha alimentado la creencia en la existencia y el poder de un deep state español, que está por encima de los gobiernos y tiene mucha inquina a los independentistas: «Ni siquiera el gobierno Rajoy quería que nosotros entráramos en prisión. Se unen tres instituciones clave: la Corona, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Estos son los que determinan una estrategia político-judicial.»
Sobre lo que se puede esperar del nuevo partido, o lo que sea, es: persistencia del conflicto y preparación de la insurgencia. Lo demuestra su visión de lo que pasó el 2017: «El 3 de octubre fue nuestra oportunidad perdida. Por ejemplo, quedarse en la calle democráticamente y pacíficamente era una opción. Era el momento máximo del conflicto democrático y donde la violencia sólo la había ejercido el estado. Era cuando nosotros teníamos una fuerza moral que nos hacía ganadores. No lo supimos leer con suficiente acierto.»
Un juicio de Núremberg catalán
Aunque a estas alturas no es ninguna novedad, Salvador Sostres, en el Diari de Girona —Nuremberg / Parlavà—, se pone a maldecir a los responsables del proceso independentista: «Cataluña ha conseguido ser un problema y serlo sólo para ella misma. Ya no es un reto para España, ni hay absolutamente ningún reto que Cataluña pueda plantear que al mundo pueda interesarle (…) Cataluña necesita su Núremberg; que estos diez años que hemos perdido y en que hemos perdido sean sometidos a juicio. Debemos acusar uno a uno a los políticos, a los intelectuales y a los activistas que han liderado el proceso, de crímenes contra la ciudadanía, de estafa, de malversación, de fraude, de apropiación indebida. Y también de maltrato psicológico.»
Por ese ajuste de cuentas han de pasar los políticos, los que ya están en la cárcel y los que están en el extranjero: «Las cuentas pendientes que tengan con el Estado, que las paguen; pero esto no los puede salvar, de ninguna manera, de pagar por lo que han hecho a los catalanes, y más concretamente a los catalanes independentistas y a la idea de la Cataluña libre.» Y también «los periodistas», «los agitadores de la desgracia», ya que «los lunáticos, los mentirosos, los vendedores de pócimas y los fanáticos que han envenenado el debate público catalán hasta volverlo lo más chabacano y delirante de todos los tiempos, deben ser igualmente puestos ante la fonda culpabilidad de su agitación, de su propaganda, de su pésima calidad literaria (…) Tenemos que volver a leer cada palabra, debemos reconocer que la escribimos, debemos entender el mal que hicimos, tenemos que pedir perdón y aceptar la penitencia».
Como resultado de tal purga interna catalana, «ha de quedar claro, y condenado, que ha habido miles de catalanes que se han enriquecido, estos últimos años, cobrando o robando —y muchas veces había que hilar muy fino para percibir la diferencia—, en lo que ha sido el ataque a Cataluña más importante desde que los nazis bombardearon Barcelona».
La escritura de Sostres se caracteriza por un uso intenso de la hipérbole, pero no deberíamos pasar por alto que, destrás de la idea de un juicio de Núremberg catalán, está la necesidad de aclarar ideas y comportamientos, una imperiosa necesidad para todos.
Más madera, es la guerra
El libro de Jordi Muñoz Principi de realitat. Una proposta per a l’endemà del Procés</a> viene a servir de apoyo intelectual a la vuelta a la política posible que está protagonizando ERC en estos últimos meses; si no es todavía una apuesta por la moderación, al menos hay un rechazo a la unilateralidad.
Jordi Muñoz afirma que no se daban las condiciones objetivas para proclamar la independencia en octubre de 2017 ni tampoco existía legitimidad para hacerlo. No es un rechazo a la independencia sino el reconocimiento de que ésta requiere un apoyo claramente mayoritario que aún no tiene.
En el artículo Principi d’ingenuïtat o com eludir algunes veritats incòmodes, publicado en la República, Miquel Pérez Latre le reprocha que, dado que no existen vacíos en cuestión de legitimidad, afirmar que aquella proclamación no fue legítima implica aceptar el régimen existente.
Pero, ¿qué hay de malo en aceptar la legitimidad de un régimen democrático, se preguntarán los ingenuos? Es que para Pérez Latre no se trata de un régimen democrático, ni mucho menos: «El fascismo constitucional del 78 se ha deslegitimado en Cataluña, es minoritario cada vez que somos llamados a las urnas, pero manda vía represión sin ningún problema realmente grave de contestación. Tanta ingenuidad parece mentira. La República no existe, que dirían sus enemigos, pero es la que cuenta con la legitimidad democrática, por más que no pueda (quiera) imponerla por la fuerza.»
Resulta entonces, aunque no nos habíamos enterado, que todas las elecciones en que participamos —europeas, generales, autonómicas, municipales…— son plebiscitarias y en ellas resulta siempre «deslegitimado» el «fascismo» que nos «reprime», es decir «el régimen autoritario heredero del disfraz neofranquista que llamamos régimen del 78».
Entre otras muchas cosas, Pérez Latre reprocha a Muñoz su insuficiencia en el «análisis de los mecanismos de la represión empleados para eliminar de la vida pública a los adversarios políticos» a pesar de ser «quizás el elemento clave de la vida política en Cataluña desde el 2017 hasta ahora», y que no destaque lo suficiente hasta qué punto, en esta «supuesta democracia formal», «el principio de legalidad destroza el principio democrático a cada momento».
Se indigna especialmente ante la afirmación que los votos independentistas no han superado nunca el 50%. Pero para cuestionarla sólo puede presentar como prueba las elecciones europeas de mayo de 2019, en las que, con una participación del 64,2%, «el independentismo (es decir, la suma de Junts per Catalunya, Esquerra y Pirates de Catalunya) (…) alcanzó un total de 1.725.487 de los 3.440.373 votos válidos a candidaturas emitidos. O sea, un 50,1540675967%». Suerte de los 4.937 votos de los piratas, que si no, nos quedamos en un 50,01%.
Lo que más lamenta Pérez Latre, como buen representante de lo que llama «la gente de la calle», es que los dirigentes «aseguraron la logística del referéndum y absolutamente nada más para el día siguiente, porque no tenían ninguna intención de aplicar el resultado; no hablo de las famosas y mitificadas estructuras de estado, sino de las prevenciones mínimas para intentar asumir el poder: es decir, las medidas a tomar para intentar el control del territorio y el orden público, y la sustitución inmediata del poder judicial español en Cataluña (…) No existía ningún plan para tomar el poder, ni en las instituciones, ni en la calle». Lo que no este y tantos unilateralistas catalanes parecen no entender es que, cuando uno está en condiciones de tomar el poder, no se entretiene en organizar un referéndum, simplemente toma el poder y luego, si hace falta para quedar bien, organiza un referéndum.
Finalmente, expone las tres «verdades incómodas» que a su juicio definen el momento actual: 1) «Más de un tercio de nuestros conciudadanos están dispuestos, para mantener el deslegitimado statu quo del 78 (sin mayoría democrática en Cataluña), a dar apoyo explícito, o a beneficiarse de facto, del lawfare y a poner el respeto a la democracia, las instituciones del país donde viven y los derechos fundamentales de sus adversarios políticos en un rol secundario, cuando no directamente inexistente». O sea, tenemos el enemigo en casa. Aunque no lo dice explícitamente, aquí aparece la criminalización del vecino que no comparte el proyecto independentista.
2) «El retroceso constante propiciado por el independentismo institucional mayoritario desde la Revuelta de Octubre [sic] (…) no sólo ha dejado a la mayoría política del país inerme ante sus enemigos, sino que en la práctica ha avalado y legitimido la represión y ha generado nuevos incentivos para que la Bestia [sic] la continúe aplicando sin ningún temor a encontrar respuesta en la otra parte.» O sea, los compañeros independentistas que no comparten la vía insurreccional, han dejado de ser independentistas y de ser compañeros.
3) «La reacción fascistoide de la inmensa mayoría del cuerpo electoral español y de los poderes del Estado que son su expresión imperfecta, ante la Revuelta de Octubre, demuestra que nunca será posible un referéndum acordado y que la independencia sólo llegará por la vía insurreccional y con costes muy altos.
