Un tribunal ha de juzgar los hechos cometidos, no el talante de quien se presenta ante él; sin embargo, el enfoque que un acusado da a su actuación, inevitablemente influye en el veredicto. Javier Caraballo, en El Confidencial —Trapero canta victoria—, resume así lo que ha pasado en el juicio al que fue jefe de los Mossos durante los meses del frustrado alzamiento independentista: «La diferencia fundamental del juicio de Josep Lluís Trapero con el precedente de los principales cabecillas de la revuelta separatista catalana ha sido su estrategia procesal, radicalmente opuesta a la de sus jefes de entonces. Trapero (…) ha sido el único de los protagonistas de aquellos graves incidentes que ha pedido disculpas ante el tribunal y ha mostrado arrepentimiento. En su declaración en este juicio, siempre se ha referido al procés independentista con desapego, con hastío, “el tema de la independencia”, decía con cierto desdén, y se comparó con la mayoría del pueblo catalán que, simplemente, pensaba que todo aquello no iba a ninguna parte».
Nada que ver con la actitud de los líderes, basada en una contradicción manifiesta y sostenida, que roza el desacato: No hicimos nada, pero lo volveremos a hacer. Ni con la que exhibe en estos momentos Laura Borràs, que proclama que «no tendré un juicio justo«.
Pero esto no es el error de un acusado mal asesorado, sino política de gobierno, pues la portavoz Meritxell Budó ha afirmado claramente que «a nadie se le escapa que ningún independentista tendrá un juicio justo en el Tribunal Supremo». ¿Ni siquiera por un vulgar tema de contratos? Porque hay que recordar que no se va a juzgar a Borràs por ser independentista ni por haber conspirado contra el Estado, sino sólo por haber beneficiado, presuntamente, a un amigo a base de contratos, por valor de 260.000 euros.
Albano Dante Fachín hace un pormenorizado análisis de las circunstancias legales del caso —L’Operació Borràs explicada en detall—, pero su premisa mayor es también que no habrá un juicio justo: «En el caso de Laura Borràs nadie ha podido probar todavía que se haya saltado el semáforo. Esto no debería ser problema y sólo habría que esperar el resultado de las investigaciones. El problema es que esta investigación y este juicio lo llevará a cabo un sistema donde la condena depende de si el infractor es independentista o no. Es más: sabemos que también condena independentistas aunque no se hayan saltado ningún semáforo, como ya hemos podido ver».
Diputados en el mundo de los sueños
Esteve Vilanova, en el Punt —Simbolisme improductiu—, menciona el «ridículo descomunal» que hizo la diputada Marta Rosique (ERC) al preguntar en sede parlamentaria «qué va a hacer el Gobierno para terminar con la violencia policial en Estados Unidos»: «Éste es el nivel de unos cuantos políticos que tenemos en el Congreso, que se han instalado en el mundo de los sueños, muy lejos del realismo, abandonando el encargo que tienen de defendernos por un supuesto lucimiento personal improductivo».
Cuando Marta Rosique se estrenó en el Congreso, en mayo de 2019, declararó en una entrevista «muchos diputados me miraban con cara rara«. Sus señorías deben seguir con el rostro traspuesto. Víctor Sánchez del Real (Vox) se pregunta irónicamente si «está pidiendo que España retome control sobre sus territorios de ultramar».
Sin apearse de sus convicciones independentistas, Esteve Vilanova, que fue diputado por CiU en el Parlamento de Cataluña (2003-2006), intenta dar un baño de realismo a los adictos al pensamiento mágico que tanto daño están haciendo a este país: «Cuando algunas veces oigo frases como ‘somos la mejor afición del mundo’ o el ‘mejor país del mundo’, o frases similares, necesariamente siento un escalofrío porque seguro que encontraríamos países a los que nos gustaría parecernos, y que mejoraríamos muchas cosas de la ‘mejor afición del mundo’. Lo mismo me pasa cuando hablamos de política y de economía, veo grandísimos aspectos manifiestamente mejorables (por decirlo sin que nadie se enfade) y estamos muy lejos de lo que yo entiendo por ser ‘los mejores’, incluso para estar donde deberíamos estar». ¿No estaría bien decirlo haciendo que alguien se enfade? ¿No estamos teniendo demasiada paciencia con tantos iluminados al mando de un barco que se hunde?
Concluye que «nunca es bueno vivir en un perpetuo simbolismo improductivo y menos ahora que se ha de gestionar una gran crisis. Y, cuando hablamos de los presupuestos, de derechos y de obligaciones y de futuro, cuanto más realistas y despiertos seamos, mejor». Está a un paso —pero no lo da— de descalificar globalmente a la clase política catalana, caracterizada desde hace años tanto por sus inútiles gestos simbólicos como por su desprecio de la contabilidad.
El Gobierno Torra exige regularizar más inmigrantes
Buen ejemplo de irresponsabilidad política es alguna de las medidas que el Gobierno Torra «exige» al Gobierno español. Cuando la economía catalana debería estar generando emigrantes y no recibiendo inmigrantes, y no a raíz de la pandemia sino ya de antes, esto es lo que plantea: «Flexibilizar criterios de arraigo social para que las más de 150.000 personas en situación irregular en Cataluña (más de 500.000 a nivel estatal) puedan buscar trabajo, crear autoempleo y contribuir a la salida de la crisis en igualdad».
Algo se debe de haber hecho muy mal para permitir que la cifra de inmigrantes en la clandestinidad haya superado la escandalosa cifra de 150.000, y probablemente se trata de un cálculo a la baja.
Nuestros gobernantes parecen ser los únicos que no se han enterado que estamos perdiendo puestos de trabajo a ojos vista. Sólo el cierre de Nissan afecta a 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos. ¿Cómo incentivamos el empleo? Aumentando el número de parados, con un par.
Parecen ignorar que la regularización no genera riqueza por sí misma, que subsidios como el llamado ingreso mínimo vital desincentivan la búsqueda de trabajo y estimulan la economía sumergida, y que el efecto llamada de sus regularizaciones va a condenar a este país a no salir nunca de la crisis.
Este virus tan benéfico para el medio ambiente
Ni los miles de muertos ni los miles y miles de enfermos no conmueven a los que ponen su ideología apocalíptica por encima de todo. Lo que le duele a Manel Riu, en el Crític, es el impacto ecológico del coronavirus: «El confinamiento provocado por la pandemia global del covid-19 ha tenido inicialmente impactos ambientales positivos como un descenso histórico en las emisiones de CO₂ o una mejora de la calidad del aire en las grandes ciudades. Sin embargo, las buenas noticias para el medio ambiente parecen haber sido un espejismo. La respuesta de los gobiernos y de la ciudadanía también ha incluido pasos atrás: el resurgimiento de los envoltorios de plástico, la compra masiva de guantes y mascarillas desechables, la incineración de residuos sanitarios para evitar contagios, un posible retorno del vehículo privado por el miedo al transporte público o el aplazamiento de impuestos y de medidas de protección ambiental para favorecer la recuperación económica».
Es una broma de mal gusto hablar del «impacto ambiental positivo» que hubo cuando se redujo la actividad económica al mínimo necesario para asegurar la subsistencia. Siguiendo esta lógica presuntamente ecológica, la mejor noticia para el medio ambiente habría sido que nos hubiésemos muerto todos.
También lo es considerar como «pasos atrás» las medidas higiénicas para minimizar el riesgo de contagio. Para estos promotores de la extinción humana uno tiene que arriesgarse a morir antes que usar algo que viene envuelto en plástico y amontonarse con desconocidos antes que usar un vehículo privado. Cualquier medida que nos acerque a la edad de piedra es vista como un paso adelante.
