Cataluña renquea y sus gobiernos nos endeudan

En mi artículo de hace un par de semanas, exponía las razones que permiten afirmar que la Administración de la Generalidad de Cataluña está sobredimensionada y resulta, además, muy cara en comparación con la Administración Central y las de otras Comunidades Autónomas. No tengo ninguna duda que quienes han estado al frente del gobierno de la Generalidad en las últimas y sincopadas legislaturas dan por sentado que Cataluña merece tener más políticos y empleados públicos por habitante y mejor pagados que el resto de las Administraciones españolas. En su defensa aducen que, si ello redunda en mayores cargas para los contribuyentes y una mayor deuda per cápita, la culpa no es de la Generalidad de Cataluña sino del insaciable Estado que, según dicen, se apropia cada año de 16.000 millones de impuestos que soportan los ciudadanos residentes en Cataluña.

Como casi todos los debates propiciados por los gobiernos de la Generalidad desde 2003, la objetividad ha brillado por su ausencia. En realidad, el objetivo primordial no era ver si Cataluña estaba mejor o peor financiada que otras Comunidades Autónomas sino crear un estado de desafección entre los catalanes hacia las instituciones del Estado, amplificando los hipotéticos agravios políticos y exagerando las cifras del supuesto ‘expolio’ fiscal. Montilla lo utilizó como excusa para exigir cambios en el sistema de financiación autonómica en la legislatura 2006-2010, y fue el primer presidente de la Generalidad que convocó por primera vez a los catalanes a manifestarse contra las instituciones del Estado, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. La confrontación subió de tono a partir del triunfo de Mas en noviembre de 2010 y desde entonces los gobiernos de la Generalidad han dedicado gran parte de su tiempo, no a administrar los notables recursos con que cuentan, sino a propiciar un enfrentamiento con el gobierno de España y demás instituciones del Estado que culminó en la consulta el 1-O y la posterior declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

La inflación del aparato burocrático-financiero de la Generalitat y la dedicación del gobierno de la Generalidad a tareas ajenas a la buena administración de los recursos con que contaba y cuenta, y a promover el enfrentamiento con las instituciones del Estado, no han servido para mejorar el bienestar de los catalanes sino todo lo contrario. La sociedad catalana ha dejado de ser ese foco de modernidad, admirado y envidiado, que a tantos españoles nos atrajo en décadas pasadas, y la economía catalana ha perdido vigor lastrada por impuestos y tasas más elevados que en otras Comunidades y una enorme deuda pública acumulada en la última década. Los mayores impuestos debilitan el consumo y la inversión del sector privado y la mayor deuda eleva la probabilidad de que los impuestos aumenten en Cataluña todavía más en el futuro. Y el enfrentamiento con el Estado ha propiciado que miles de sociedades hayan trasladado sus sedes a otras Comunidades Autónomas y haya aumentado la incertidumbre que planea sobre el futuro de la economía catalana.

Cataluña renquea

Aunque sólo disponemos de datos regionales comparables a precios corrientes hasta 2018, las cifras de VAB de la Contabilidad Regional de España permiten hacernos una idea aproximada de lo ocurrido en las dos primeras décadas del siglo XXI. El Gráfico 1 muestra las tasas de variación porcentual del Valor Añadido Bruto en Cataluña (línea amarilla), Madrid (línea roja) y el Resto de España (línea azul). La evolución de todas las líneas es muy similar y la tasa media de crecimiento en Cataluña, 3,60% es prácticamente la misma que la del Resto de España (RdE), 3,56%. Sin embargo, sí se observan algunas diferencias significativas entre las Comunidades de Cataluña y Madrid. La línea roja de Madrid domina la línea amarilla de Cataluña en bastantes años, especialmente a partir de 2014, y la diferencia entre las tasas medias de Madrid, 4,04% y Cataluña 3,60% es de 4,4 décimas en el conjunto del período y 1,1 puntos porcentuales en 2015-2018.

Gráfico 1. Variación del VAB en Cataluña, Madrid y Resto de España (RDE) 2000-2018

El Gráfico 2 muestra la evolución del PIB per cápita (PIB pc) de Cataluña relativo al PIB pc en España desde 1980. La línea azul muestra la evolución entre 1980 y 2000 con cifras del estudio de Alcaide (FBBVA, 2003) y la línea verde las correspondientes al período 2000-2018 con las cifras de la Contabilidad Regional de España (CRE) del INE. Como puede observarse, el PIB relativo que partía de un punto muy bajo en 1980 se recuperó hasta 1985 y se mantuvo una tendencia suavemente ascendente hasta 2000. En las dos primeras décadas del siglo XXI, la línea verde muestra una ligera tendencia descendente hasta 2010, una recuperación hasta 2015 y de nuevo un descenso en los últimos años. El gráfico incluye también una línea amarilla que muestra del PIB pc de Cataluña relativo a España empleando las estimaciones del IDESCAT que, si bien parten de una cifra considerablemente superior en 2000, 128,3, presentan una reducción entre 200 y 2018 resulta incluso más abultada (128.5-123,9) que con las cifras del INE (121,7-118,26).

Gráfico 2. PIB per cápita de Cataluña relativo a España 1980-2018

Lo mínimo que puede decirse a partir de la información disponible es que Cataluña no ha sido en los últimos años el espejo en que se miraban con envidia otras Comunidades hasta hace unas décadas. Como el Gráfico 3 confirma, resulta evidente el mayor dinamismo de la Comunidad de Madrid (línea roja) frente a Cataluña (línea amarilla) y como muestra el diferencial entre los PIB pc (línea azul) de Madrid y Cataluña no ha cesado de aumentar durante todo el período.

Gráfico 3. PIB pc de Cataluña y Madrid 2000-2018

¿Maltrato fiscal?

Los gobiernos de la Generalitat no han cesado de denunciar el supuesto ‘expolio’ fiscal que padece Cataluña y se han esmerado en ocultar las ayudas extraordinarias recibidas del Estado desde 2012. El Cuadro 1 muestra la liquidez total aportada por el Estado a través de varios mecanismos extraordinarios (Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera, Fondo Social y Fondo de Financiación de CC.AA.) a las Comunidades Autónomas entre 2012-2014, 2015-2017 y 2018-2020 y 202-2020.

Cuadro 1. Liquidez aportada por el Estado a las Comunidades Autónomas 2012-2020

Como puede observarse en la columna Total Liquidez 2012-2020, Cataluña ha recibido 95.238 millones, o 10.582 millones en media cada uno de esos 9 años. Para hacernos una idea de su importancia, basta con mencionar que esta cifra supone el 34,63% del gasto corriente total, 30.551,1 millones de euros, en el presupuesto de la Generalidad de 2020. Obsérvese también que esta cifra asciende a 30,6% de todas las aportaciones de liquidez extraordinarias realizadas por el Estado al conjunto de CC. AA. En pocas palabras, de cada 100€ aportados por el Estado a todas las Comunidades 36,4 € han ido a parar a Cataluña y los 63,6 € restantes han ido a parar a las otras 14 Comunidades. Resulta interesante subrayar que la Comunidad de Madrid sólo ha recibido 1,4€ de cada 100€, frente a los 36,4 € recibidos por Cataluña. Según se recoge en los Cuadros A.16-A.18 de un estudio reciente De la Fuente, Cataluña sólo habría devuelto 12.223 millones hasta 2018 y la deuda pendiente con el Estado ascendía a 58.388 millones en ese momento. El total de intereses pagados en 2018, 432 millones, sobre la deuda pendiente a finales de 2018, 58.388, nos da un tipo de interés de 0,72%. ¡Quién lo pillara!

No cabe ninguna duda de que Cataluña ha sido el territorio más beneficiado por la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios habilitados por el gobierno de España para facilitar la financiación de las Comunidades Autónomas. Como no obstante podría pensarse que esta desproporcionada atención a Cataluña se justifica por la importancia de su población, la penúltima columna del Cuadro 1 presenta el porcentaje de la población y la última columna la diferencia entre el porcentaje de la financiación total recibida del Estado menos el porcentaje que representa su población. Como puede constatarse, Cataluña presenta el mayor diferencial positivo, 14,2 puntos porcentuales (pp), seguida por la Comunidad Valenciana, 12,4 pp, mientras que muchas otras Comunidades presentan un saldo negativo, destacando entre las últimas la Comunidad de Madrid con -12,7 pp.

Tampoco el PIB per cápita de Cataluña justifica que esta Comunidad haya sido la principal receptora de fondos extraordinarios de liquidez del Estado. El Gráfico 4 muestra la relación entre el PIB pc de las Comunidades, medido en el eje de las X, y la liquidez total pc recibida por cada Comunidad. Como puede verse las Comunidades más beneficiadas (marcadas en amarillo) por los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado han sido Comunidades con PIB pc superior a 30.000€, como Cataluña con 12.409€ pc, otras con un PIB entre 25.000-30000 €, como las Islas Baleares con 10.618€ pc, y finalmente algunas con un PIB entre 20.000-25.000, como la Valenciana con 14.349€ pc, Murcia con 9.289€ pc y Castilla La Mancha con 9.838€ pc.  En el extremo opuesto, hay varias Comunidades marcadas en marrón con inyecciones de liquidez pc inferiores a 3.500€. Entre ellas se encuentran varias Comunidades con PIB pc inferior a 25.000€, Castilla y León, Asturias y Galicia. Destaca la Comunidad de Madrid que con un PIB pc de 35.000€ sólo recibió 710€ pc a través de los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado.

Gráfico 4. PIB pc y Liquidez total pc proporcionada por el Estado a las CC. AA.

A engañar toca

Las elevadas inyecciones de liquidez recibidas por la CA de Cataluña no se explican ni por el tamaño de su población ni por su PIB pc. Todas las Comunidades con PIB pc superiores o inferiores a Cataluña, con la sola excepción de Valencia, han recibido inyecciones de liquidez pc inferiores, o incluso ridículamente inferiores a las de Cataluña. La comparación con Madrid resulta especialmente enojosa: cada ciudadano en Cataluña ha recibido 11.699€ (12.409€ – 710€) más en inyecciones de liquidez del Estado que un madrileño. Sólo algún cínico o rufián, y ha habido muchos de ambas clases en los últimos gobiernos de la Generalidad de Cataluña, puede hablar de maltrato del Estado.

Como expliqué en mi artículo de hace dos semanas, no se puede afirmar que el sector público y los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación, Seguridad y Justicia) están infrafinanciados en Cataluña, sino más bien lo contrario si atendemos al número de empleados públicos por 100.000 personas y a los más elevados sueldos medios que perciben los servidores y empleados públicos, desde el presidente de gobierno de la Generalidad al empleado más modesto, en comparación con sus homólogos en otras Administraciones españolas. La Generalitat es una Administración sobredimensionada y cara, y si a ello añadimos la mala gobernanza que ha caracterizado a los gobiernos presididos por Mas, Puigdemont y Torra, más interesados en crear estructuras de Estado y avanzar hacia la independencia que en administrar con rigor los presupuestos públicos, no resulta difícil entender por qué Cataluña pierde inversiones y empresas y su gobierno endeuda innecesariamente a su población.

En relación al último comentario, quiero mencionar dos piezas escritas hace unos años en las que advertía cómo la inacción del Estado estaba facilitando la financiación del proceso insurreccional en Cataluña. En el primero de ellos, titulado “Recaudación y financiación de la independencia” (Expansión, 19 de marzo de 2016), denunciaba los planes del gobierno de la Generalitat para crear una de las cuatro patas consideradas imprescindibles por el gobierno de Puigdemont y Junqueras para declarar la independencia: una Agencia Tributaria de Cataluña sobredimensionada, con capacidad para administrar, además de los impuestos propios y cedidos a la Generalidad, los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria del Estado. En el segundo artículo, titulado “Menos Fla, Fla, Fla” (Expansión, 24 de abril de 2018) señalaba que los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado habían facilitado la desviación de fondos públicos para financiar el proceso insurreccional sin que el Gobierno español se enterara. Dos advertencias que desafortunadamente fueron entonces y siguen ahora siendo ignoradas.