Marta Roqueta, en El Nacional, resume así el caso Borràs desde el punto de vista independentista: «Hay indicios para llevar a juicio a Laura Borràs, pero también para considerar que no tendrá un juicio justo (…) lo ideal sería que la diputada pudiera defender su inocencia en unos tribunales que no formaran parte de la represión española.» Lástima que no puede haber otro tribunal competente, porque el presunto delito de que se la acusa ha sido cometido precisamente en una administración del represor estado español. No se puede actuar dentro y responder fuera.
Seguidamente apunta la clave del problema: «En caso de que Borràs fuera declarada culpable de fraccionar contratos públicos, sería culpable de una práctica que, sotto voce, se apunta que es habitual (…) Si las formaciones quieren luchar contra la corrupción de la cual presuntamente ha sido partícipe Laura Borràs, ¿por qué no investigan qué ayuntamientos e instituciones gobernados por sus miembros han hecho prácticas similares?» Es que entonces no acabaríamos nunca. Nadie quiere realmente luchar contra la corrupción —bastaría con cambiar los sistemas de contratación y subvención— sino poder utilizarla para desacreditar al adversario.
Sin embargo, afirmar que los otros también lo hacen no ha sido nunca una buena política de defensa, ya que el tribunal ha de dictaminar sobre el caso que le ha llegado, no sobre los que no le han llegado, que no habiendo denuncia no pasan de ser una presunción. Para Roqueta, «el caso de Laura Borràs hace evidente que la defensa de la independencia de Cataluña es la reivindicación de tener la capacidad de decidir sobre una opción que se ajuste a la perfección a las necesidades de la sociedad catalana». Se comprende que no desaproveche la ocasión, pero no la independencia no tiene nada que ver con esto. La independencia no garantiza, por ella misma, que un estado se dote de mejores procedimientos, ni tampoco peores. Por otra parte, gestionar una administración autonómica debería ser visto por los independentistas como una oportunidad de mejorarla, no como un pretexto más para dar al estado la culpa de todos los males.
En cuanto a los entresijos de la acusación, el actual director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà, habla de una manipulación contra Laura Borràs de la Sindicatura de Comptes, en declaraciones a TV3 recogidas por Vilaweb: «Mi interpretación es que cuando terminaron la fiscalización de 2018 la Sindicatura se dio cuenta de que no había ningún indicio de fraccionamiento en todo el año (…) nos pidió la lista de toda la contratación de 2017 y (…) 2016, y tampoco encontró ningún indicio de fraccionamiento. Si la voluntad del informe era encontrar fraccionamientos a toda costa en la ILC, entonces hicieron una operación absolutamente inédita y sorprendente, un giro de guión que no sé cómo calificar. Ante la evidencia de que no había fraccionamientos ni en 2016 ni en 2017 ni en 2018, dijeron: “Sumaremos los tres ejercicios y si encontramos algún proveedor que coincida en los tres ejercicios, aunque sea por la contratación de servicios totalmente diferentes, pues sumaremos los importes y diremos que esto es un fraccionamiento.”»
¿Está diciendo que la Sindicatura de Comptes iba a por ella? ¿Que ha sido víctima de una conspiración para desacreditarla? El serial continuará.
El populismo español
Xavier Roig, en el Ara, denuncia el populismo congénito que afecta a toda España y que no reside donde a primera vista parecería: «Vox no es asimilable a ninguno de los partidos de extrema derecha europeos, que aglutinan el populismo. Vox no es un partido populista, no se engañen. Vox es neofranquista (ergo, neofascista), que es muy diferente. Los populistas son todos los demás.»
En su opinión, «el populismo consiste en decir que España es un gran país europeo y que la estructura económica que tiene implantada es buena. Y en ir aprobando leyes económicamente insostenibles.» Un ejemplo, el ingreso mínimo vital, aprobado «sin ningún voto en contra (incluso Vox se abstuvo)»: «Ningún partido ha tenido suficiente coraje para explicar que sin una reforma en profundidad de la financiación de todas las prestaciones económicas de todas las administraciones públicas, esta última ley es una barbaridad. Es un acto de populismo abyecto practicado por todo el espectro político español —que, faltaría más, incluye al catalán—.»
Vivimos dentro de un gran engaño económico propiciado por el conjunto de la clase política: «España vive permanentemente del subsidio porque, sencillamente, gasta más de lo que produce. Pero, todo esto, nadie nos lo cuenta. No nos lo explican los políticos europeos porque, aunque nos suene extraño, son proeuropeos y bastante educados.»
Dentro de la UE, «España será el miembro que más ayudas requerirá per cápita. Mientras tanto, en Cataluña, con un 11% de paro antes del covid-19, requerimos temporeros para cosechar fruta. ¿Ustedes creen que esto es normal?» Somos «una sociedad malcriada por el engaño» Y esto no parece que lo vaya a arreglar la independencia.
La CUP, también contra Colón
La CUP, con cero concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, se apunta a pedir la retirada de la estatua de Colón. En su nombre y con su habitual estilo amenazador, Eulàlia Reguant «ha exigido que Barcelona deje de enaltecer la figura de Colón como “icona”», impreciso término utilizado por la alcaldesa Ada Colau para perdonarle la vida al monumento. Al decir «Barcelona» debe referirse exclusivamente al ayuntamiento, porque los barceloneses no van a perder el derecho a enaltecer lo que les dé la gana.
Reguant afirma que «la ciudad tendrá que afrontar el debate tarde o temprano, y que por tanto vale más que lo haga temprano y que no llegue tarde, porque no tiene ningún sentido esperar más». Llámase «debate» a la ofensiva global contra la historia europea; un «debate» que se inicia con una conclusión preestablecida: borrar todo rostro de lo que aquí se hizo. «Hay que dejar de explicar la historia de los vencedores e invertir el sentido del monumento», y qué mejor manera de invertirlo que con la «retirada inmediata».
Al lado de Reguant, la diputada en el Parlamento Natàlia Sànchez proclama que «el racismo lo atraviesa todo porque es estructural» y que «desde las instituciones también se aplica la violencia racista». La etiqueta de «racismo estructural», puesta de moda esta temporada para denostar la sociedad estadounidense, ya está entre nosotros.
La idea de “Países Catalanes”, víctima del proceso
El Principado de Cataluña, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia tienen una lengua común y una historia compartida, eso está fuera de cualquier discusión racional. El problema empieza cuando el término “países catalanes” —salvando las distancias, homólogo a la hispanidad o a la francophonie— se escribe en mayúsculas y se usa para promover una nueva unidad de destino en lo universal que los engloba.
Los promotores del proceso catalán, aunque no explícitamente, renunciaron a la unidad de la nación Países Catalanes —por imposible, obviamente— y se concentraron en la independencia de Cataluña —si no posible, al menos concebible—. Aleix Cardona, activista de la llamada cultura popular, entrevistado por Vilaweb, lo lamenta: El procés ha ajudat a matar la idea de Països Catalans.
Cardona concibe la cultura popular como «una especie de poder alternativo» y por ello es contrario a una «cultura muy vinculada a un sentimiento, a un patriotismo de baja intensidad, muy emocional, de tripas, de poca razón y corazón. Yo creo que el proceso ha cogido este modelo de cultura para configurar una identidad cataluñesa [sic], alejada del conjunto de los Países Catalanes, y además de manera muy drástica y muy intencionada porque, en el fondo, hace un mimetismo entre el territorio sobre el que quiere construir no se sabe bien qué, supuestamente un estado, y este territorio que es una región administrativa. Y, por supuesto, los Países Catalanes generan un conflicto ante esto porque hay una complejidad que tampoco se quiere asumir. Por lo tanto, creo que el proceso ha ayudado a matar la idea de Países Catalanes».
En su opinión de revolucionario frustrado, «todo el espectro político independentista ha asumido el modelo cultural del pujolismo, que hace que la cultura popular tenga más que ver con una imagen folclórica que con un elemento de transgresión, de apoderamiento social y de interacción directa». Otra desviación, u otro abandono, que no es directamente imputable al estado español. La pérdida de muchos elementos de la llamada cultura popular, que sólo en los sueños de los antropólogos dilentantes tiene un sentido transgresor, no es exclusiva de estos lares, sino un signo de los tiempos.
