Antes de que Ada Colau consiguiera la alcaldía de Barcelona, Pilar Rahola iba diciendo por las tertulias que el suyo era un «discurso muy interesante». Años después, se da cuenta —en La Vanguardia: Hermitage— de los desperfectos ocasionados por su desgobierno en la capital de Cataluña: «Por culpa de la obsesión de Colau contra todo lo que tenga apariencia de riqueza, Barcelona ya perdió dos grandes inversiones que, además, la situaban en el mapa de prestigiosas cadenas hoteleras: el Hyatt y el Four Seasons. El primero debía ir a la torre Agbar y el segundo, al antiguo edificio del Deutsche Bank, pero el Ayuntamiento no lo permitió y se perdieron unos 4.000 puestos de trabajo, además de quedarnos fuera del circuito de gran nivel económico de estos prestigiosos hoteles. La inmensa mayoría de ciudades punteras del mundo matan por tener un Four Seasons, y aquí les dimos puerta para alegría de la pancarta y desazón de la economía.»
Es difícil decir algo en defensa de Ada Colau y su corte de los milagros, pero al menos hay que recordar que el griterío demagógico y el castigo a las actividades productivas no han sido exclusivos del consistorio barcelonés durante todos estos años.
«Ahora llega el turno al proyecto del Hermitage de San Petersburgo, que quiere instalar una franquicia en Barcelona, aunque ya ha dicho (…) que, si persiste la actitud del Ayuntamiento, buscarán otra ciudad.»
Se pregunta Rahola, retóricamente, si «Barcelona está en condiciones de permitirse perder proyectos de tanta categoría económica, y más ahora, con la crisis económica derivada de la Covid». Ni ahora ni nunca, pero ahí está Colau, con su «interesante discurso», gobernando con 10 escaños de un total de 41. ¡10 de 41!
Y pregunta también si el socialista Collboni, responsable de economía, «comparte la fobia de Colau contra la creación de riqueza». Probablemente no, pero poco margen le queda ante la coalición que preside el gobierno central.
Sería bueno también preguntarse por la posibilidad de un frente común en Barcelona para derribar el colauismo. Motivos, hay más que suficientes. Pero cómo van a hacer algo los de ERC si esperan conseguir la Generalitat gracias al apoyo de los colauitas.
Argumentos para derribar a Colón
Para apoyar las sandeces que emite la extrema izquierda a favor del derribo de estatuas y la erradicación de la historia en nuestras ciudades, aparece en Vilaweb un artículo firmado por Andrés Antebi, Manuel Delgado Ruiz y Alberto López Bargados: Descontruir o desmuntar Colom?
Recordemos que hace pocos días Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú – Podem en el Parlamento catalán, pidió retirar el monumento a Colón, que preside el puerto de Barcelona. Ada Colau, seguidamente, se resignó a mantenerla: Es un icono de la ciudad de Barcelona, para bien y para mal.
Dicen estos autores, sobre Colón: «Si es uno de los nuestros, quizás ha llegado el momento de hacérnoslo mirar. De revolver en el cajón donde permanecen nuestros antepasados ilustres a fin de construir una política de conmemoraciones que no se convierta en un insulto a la memoria de un número cada vez mayor de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país.» Véase cómo aparece de repente un gran número de gente que se sienten insultados. Este artículo es un ejemplo de la construcción de un colectivo víctima al que hay que proteger, esta vez destruyendo nuestro patrimonio artístico.
Siguen: «De afrontar sin rodeos nuestro pasado más oscuro y hacer pedagogía crítica, en lugar de participar en una competición inútil para integrar una caterva de figuras turbias de las que ahora todo el mundo quisiera desembarazarse.» ¿Pasado oscuro, el descubrimiento de América? ¿Figuras turbias, los conquistadores? Ya se ha encargado y se encarga la Historia de matizar la gloria con datos objetivos, pero no vamos a estar cada día culpándonos por lo que hicieron o dejaron de hacer aquellos personajes. ¿Figuras de las que ahora todo el mundo quere desembarazarse? Nadie quiere desembarazarse de Colón, más allá de este círculo de politicastros. ¿En qué mundo viven?
Culminan diciendo que «Colón es, a la vez, el símbolo más emblemático de una manera de entender el pasado y de hacer ciudad. Ahora que todo el mundo habla del derecho de la ciudad, tal vez haríamos bien en recordar que este derecho es inseparable del derecho de memoria, y que no podemos permitir por más tiempo que nuestros monumentos emitan siempre el mismo mensaje de gloria a los vencedores y de indiferencia por los vencidos».
A saber qué se esconderá detrás del ambiguo término «derecho de la ciudad». El «derecho de memoria» debe ser algo así como reescribir la historia al gusto de los gobernantes actuales. El «no podemos permitir» revela que la ofensiva iconoclasta ha empezado con fuerza.
El Estado se venga de Trapero
Sebastià Alzamora, en el Ara, consigue meter en un mismo artículo, La impotència de l’Estat i l’imam de Ripoll, el ataque del terrorismo islámico en Barcelona el 17 de agosto de 2017 y la reacción ante el referéndum del 1 de octubre. Ésta consistió en «encarcelar y procesar (por este orden) a los líderes que encabezaron aquel acto de desobediencia ciudadana, y luego procesar y encarcelar a los mandos policiales que no quisieron participar en un verdadero acto fascista como es el uso de la violencia contra los ciudadanos».
«Por eso se procesa a Trapero», mayor de los Mossos d’Esquadra, «para descargar sobre él la frustración de un Estado que llega a ser represor a fuerza de ser incompetente». Josep Lluís Trapero es un personaje ambivalente que, por una parte, facilitó por omisión la materialización del referéndum pero, por otra, según declaró ante el tribunal, tenía un plan para detener al presidente de la Generalitat y a su gobierno si hubiera recibido la orden judicial pertinente.
Pero hay algo más, dice Alzamora, en la persecución que sufre el mayor: «Es obvio que a Trapero se le quiere castigar por la actuación de los Mossos en los atentados de las Ramblas y Cambrils, otro episodio en el que el Estado se mostró, como mínimo, impotente (…) Las relaciones del imán de Ripoll con el CNI siguen siendo secreto de estado (…) Con un nivel 4 de alarma terrorista, la Guardia Civil y la Policía Nacional fueron —como mínimo— negligentes, y creen que Trapero los dejó en evidencia.»
El bloque de la ruptura y el peligro de los chusqueros
Agustí Colomines, en el Nacional, reafirma que «la unidad sólo se puede alcanzar con quien quiere llegar realmente a acuerdos estratégicos» y expone su idea del bloque por la ruptura. Lo deberían componer «desde Poble Lliure [uno de los partidos subsumidos en la CUP] a Demòcrates [los democristianos de UDC que abrazaron el independentismo], pasando por lo mejor de la Crida [¿qué habría que hacer con lo peor?], Junts per Catalunya, Acció per la República, Primàries y la buena gente que no está encuadrada necesariamente en estos grupos pero que, a pesar de admitir que octubre del 17 no acabó como se habría deseado, no desfallece ni se rinde».
Los de Junqueras quedan excluídos de ese bloque —y tal vez también de la «buena gente»— porque «todos sabemos que ERC ha cambiado de chip y que su estrategia ahora pasa por llegar a acuerdos con la presunta izquierda catalana y española —la izquierda de los GAL, sea dicho de paso— para llegar a la presidencia de la Generalitat». Por si no queda suficientemente claro: «Es imprescindible ganar mediante las urnas a los que apuestan por chapotear otra vez en Madrid.»
De pasada, una advertencia para que se vea cómo de unitarios y cordiales están los ánimos. «A menudo son peores los sargentos chusqueros que los generales que han perdido la brújula. Los chusqueros —en Catalunya el sottogoverno de la Generalitat— siempre está atenta al bolsillo y actúa con miedo, cuando no a traición. Los que vivimos el 155 desde dentro del Govern sabemos muy bien qué pasó.» En ese momento Agustí Colomines era director de la Escola d’Administració Pública de Catalunya. Los que vivimos el 155 desde fuera nos quedamos con las ganas de saber más sobre esos que actúan «con miedo, cuando no a traición». ¿Tendremos que esperar a que publique sus memorias?
Por si alguien lo dudaba, «el bloque por la ruptura sólo tiene a un líder capaz de unir a actores ideológicamente muy variados»: Puigdemont. ¿Y cómo logrará unirlos? ¿Tal vez por el método habitual de adoptar la ideología del que esté más a la izquierda?
Cinco años sin CiU
Hace cinco años se disolvió la coalición Convergència i Unió. Fue una historia de éxito. Nació en 1978 con el propósito de «vertebrar e integrar orgánicamente todo el espacio de centro-izquierda no sucursalista». Ganó las primeras elecciones autonómicas catalanas y gobernó la Generalitat hasta 2003. En 2012, después de anticipar elecciones porque «en situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionals», como dijo Àrtur Mas, obtuvo solamente 50 escaños. A partir de ahí, CDC y UDC tomaron rumbos distintos ante el proceso soberanista. Básicamente, CDC decidió lanzarse al vacío, y UDC, no salir de la legalidad. Ahora, Nació Digital hace un breve resumen de dónde estaban y dónde están sus protagonistas.
Mas impulsó la candidatura conjunta entre CDC y ERC, que se llamó Junts pel Sí, para las elecciones de 2015, que recibieron el pomposo nombre de plebiscitarias. Con 62 escaños, renunció a la presidencia de la Generalitat, aparentemente por imposición de la CUP, que tenía 10. El elegido fue Carles Puigdemont, que acabó su efímera obra de gobierno con el desaguisado de octubre de 2017. «Desde entonces se ha ido retirando gradualmente de la primera fila: impulsó el PDECat y fue su presidente, pero dejó el cargo a las puertas de la sentencia sobre el caso Palau. Ya no está inhabilitado por el 9-N [el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña, realizado en 2014]—la condena acabó en febrero de este año—, pero no tiene previsto volver a primera fila a corto plazo. No tiene un papel activo, según su entorno, en la reordenación de JxCat.»
Josep A. Duran i Lleida, el dirigente de UDC, que en 2011 era el político español mejor valorado según una encuesta del CIS, «dejó la política tras fracasar en el intento de tener presencia en solitario en el Congreso. Rondó los 60.000 votos, lejos de los 100.000 obtenidos en las plebiscitarias celebradas sólo unos meses antes, en septiembre de 2015. Desde entonces trabaja como abogado (…) De la fase de liquidación del partido, con 22,5 millones de deuda, no se pronunció nunca ante la militancia, tarea que recayó en Ramon Espadaler».
