La reclamación más insistente del separatismo catalán, esto es, la libertad de los presos del procés, no tiene visos de cumplirse. Al menos, en el corto plazo. Ayer, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) descartó liberar de manera cautelar a los políticos condenados por los sucesos de 2017 mientras resuelve los recursos presentados por los abogados de la defensa. Y es que los condenados había solicitado una petición de excarcelamiento a la espera de que el Alto Tribunal, que aún no ha dictado sentencia, tomase una decisión definitiva.
Para justificar su decisión, el TC —que se reunió de forma presencial por primera vez desde el inicio del estado de alarma— recuerda que existe una doctrina consolidada del propio tribunal que establece que solo se suspendan las condenas cuando las penas de prisión sean inferiores a cinco años. Los políticos separatistas no cumplen esta condición, pues están condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. A pesar de ello, los jueces del Alto Tribunal no han resuelto las peticiones del líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; de la expresidente del Parlament, Carme Forcadell; y del exconseller Raül Romeva. Sus reclamaciones se atenderán más adelante, pues previamente urge resolver las recusaciones que plantearon estos contra todos los magistrados.
Hoy está previsto que se resuelven dichas recusaciones, que probablemente serán rechazadas: la propia jurisprudencia del TC establece que no son admisibles las recusaciones de los miembros del tribunal al completo. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional abrió la posibilidad para revisar la sentencia del procés el pasado 6 de mayo, cuando admitió a trámite los recursos presentados por nueve de los doce políticos separatistas condenados —la mayoría, a penas de prisión por sedición— por el Tribunal Supremo.
Concentración de Òmnium ante la Delegación del Gobierno
La decisión del Supremo no ha sido del agrado de la plataforma separatista Òmnium Cultural, que ayer organizó una concentración en señal de protesta ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. También celebraron otras seis protestas —todas en forma de sentadas—ante organismos oficiales en Girona, Lleida, Tarragona, Vilafranca del Penedès, La Seu d’Urgell y Manresa. Entre todas, reunieron a un centenar de personas, muchas de las cuales portaban carteles de “Llibertat presos polítics”.
El vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, lamentó durante la protesta en Barcelona que el “guión estaba escrito”. A su juicio, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se ha situado “nuevamente al lado de la extrema derecha y de la policía patriótica de Pérez de los Cobos, en lugar de hacer caso a la ONU o a Amnistía Internacional”. Asismismo, aseguró que lo ocurrido evidencia que los poderes del Estado actúan de manera “arbitraria” y que no hay “separación de poderes”.
