La contratación de una filial de la constructora Ferrovial para implantar un sistema de rastreo de contactos de pacientes de COVID-19 en Cataluña por parte de la Conselleria de Salud (ERC) ha levantado recientemente una polémica que ha vuelto a poner a los republicanos en el punto de mira de sus más directos adversarios, JxCat. El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ordenó a la consellera de Salud, Alba Vergés, cancelar el contrato y, sobre todo, dialogar con el sector que más ha sufrido la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Y este viernes el presidente ha aleccionado, implícitamente, a la consellera al ser él quien ha recibido a este colectivo, que le ha presentado un decálogo para la reforma de la sanidad pública catalana. Un encuentro en el que Torra ha mostrado su apoyo a las propuestas de estos profesionales y les ha agradecido el trabajo «excepcional» llevado a cabo desde la declaración de la pandemia.
En el encuentro han participado representantes de los colegios profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos, además de gestores sanitarios. Y, durante el mismo, Torra ha asegurado que la Generalitat debe aprovechar «el consenso único entre todos los profesionales de la sanidad y la sociedad» para «impulsar las reformas estructurales que reclaman los trabajadores de la salud».
De este modo, Torra parece haber intentado demostrar a Vergés y a ERC cómo se deben hacer las cosas. Ya durante la pandemia fue el presidente el que recogió las críticas del sector de las residencias de ancianos privadas y públicas, a pesar de que dependen de la Conselleria de Asuntos Sociales, dirigida por el también republicano Chakir el Homrani.
La oportunidad de la pandemia
En cuanto a las reclamaciones de los sanitarios, destaca la relativa a «aprovechar» la pandemia del COVID-19 como «una oportunidad«. Según figura en el decálogo presentado a la Generalitat, además de aprender de los errores, es necesario «garantizar la protección de los pacientes y de los profesionales» ante «nuevas emergencias sanitarias. Además, reclaman «establecer mecanismos de provisión de material y de equipamientos estratégicos». En este sentido, creen que es necesario «apostar por la industria de proximidad«, además de invertir en unas «estructuras profesionales y unos equipamientos sólidos».
Los sanitarios creen que el sistema de salud catalán debe «contar con la máxima coordinación con la red asistencial y con los organismos del Estado e internacionales en materia de salud pública». Reclaman, además, un nuevo pacto por la sanidad, más recursos económicos, mejores condiciones para los profesionales y unas organizaciones sanitarias con «capacidad y autonomía de gestión«.