Sin miedo a lo que se dice de las comparaciones, que son odiosas, Vicent Partal presenta y comenta un video que «circula como respuesta, tal vez sería mejor decir como complemento, a la indignación causada por las actuaciones de algunos policías en Estados Unidos, a raíz del asesinato de George Floyd». (Entre paréntesis, no hay todavía un asesinato; sólo una acusación de asesinato en segundo grado presentada por la fiscalía contra un policía: es curioso con qué facilidad algunas veces el «presunto» desparece.)
Se titula «Videos del horror del 1-O que ni sabíais que existían» y dura ocho minutos. No es reciente, está en Youtube desde el 18 de julio de 2018. Reúne escenas de incidentes a las puertas de los colegios electorales, en diversos lugares de Cataluña, que no son mencionados. Hay sonido ambiente. Ninguna voz que narre. Básicamente: empujones, golpes de porra, muchos gritos y algunos heridos.
Comenta Vicent Partal: «La represión del primero de octubre de 2017 en el Principado es de una violencia material incomparablemente superior a la de Estados Unidos —con la enorme excepción del asesinato que originó las protestas—. E incluso la violencia moral: en Estados Unidos todavía no hemos visto a policías cantando “a por ellos”. Por ejemplo. Por decirlo con una analogía sanitaria, visualizar estas imágenes demuestra que el umbral de dolor civil de la sociedad catalana es enormemente alto. Probablemente de los más altos que se han visto. Que aguantamos mucho. Muchísimo.»
Seguidamente ahonda en su idea de España como «democracia étnica»: aunque los derechos democráticos estén igualmente reconocidos para todos, existe una «nación central, que monopoliza el control del estado», y minorías nacionales que «serán tratadas de manera discriminatoria» en el caso de tener que presentarse ante la justicia. Y nombra Frantz Fanon y Malcolm X como autores que deberían ayudarnos a afrontar el tema.
Peligro: cuatro hombres blancos solos
El diario Ara está organizando algunos debates en línea entre destacados políticos y periodistas sobre temas de actualidad. Por ejemplo, «Cómo está ahora mismo el independentismo» o «Cómo se ha tratado el debate Cataluña – España en la prensa».
En la República, Maria Vidal lamenta la elección de los tertulianos —Els homes aliats de l’Ara—, no por su nivel de conocimiento del tema, ni por sus habilidades oratorias, ni por sus posicionamientos previos que no auguran grandes discrepancias entre ellos, sino porque en ambos casos se trata de «cuatro hombres blancos de mediana edad y de buena posición social». Irónicamente, espera «a ver si también explican cómo avanza el tema de la república igualitaria y feminista que, seguro, todos ellos dirán que persiguen y anhelan», con lo que les está acusando abiertamente de hipócritas.
Al parecer el principal criterio al organizar un debate debería ser sociológico —sexo, clase social, nivel económico…—, la competencia es irrelevante. Maria Vidal se queja de que el Ara «no tiene protocolos suficientes en materia de igualdad de género». Aparece en el horizonte un cuerpo de comisarios políticos que imponen a los medios de comunicación la proporción correcta de cada segmento en que hayan subdividido a la sociedad. Después lo harán también en las reuniones particulares.
Concluye el artículo afirmando que «las mesas de expertos sólo compuestas por hombres son una falta de respeto directa a las mujeres» —¿también cuando se debate sobre epidemias o sobre física cuántica?—. La censura ha avanzado tanto que ya nos deja indiferentes.
El juicio al ‘procés’, recopilado
Informa el Punt-Avui de la recopilación de «prácticamente» toda la información sobre el juicio al procés independentista en la web de International Trial Watch, que reúne las seis entidades —Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Col·lectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans— que organizaron la supervisión internacional del juicio.
Contiene «la documentación legal básica de todo el procedimiento (resoluciones, escritos de acusación y defensa, cuestiones previas, sentencia…), análisis de las sesiones diarias y relatorías semanales, reacciones al procedimiento y a la sentencia, y una cronología del proceso. Asimismo, la web da acceso a los vídeos de las vistas y a todas las declaraciones, escritas, de las decenas de acusados, testigos y peritos, clasificadas por grupos, con la ayuda también de un motor de búsqueda.»
Desde ITW insisten en que «fue un juicio político que vulneró multitud de derechos fundamentales», en que «tanto el Supremo como el Constitucional cambiaron la doctrina ad hoc en varios aspectos», y en que la sentencia no prueba que «se hubiera producido nada» de lo que conforma el delito de sedición.
Laura Borràs, en pleitos
Nuevo ejemplo de desunión entre las formaciones independentistas, que no encuentran una vía común para el caso Borràs, informa la Vanguardia. El tema es el «suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para juzgar a la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Laura Borràs, por fraccionamiento de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes».
Dentro del apasionante mundo de la corrupción, no parece un delito especialmente grave, ni que haya movido gran cantidad de dinero, pero que haya trascendido obliga a tomar posición. Y tratándose de socios de gobierno, parecería lógico que esa posición fuera compartida, pero «JxCat y ERC siguen evaluando cómo conjugar la denuncia de la persecución judicial al independentismo que comparten (…) con la necesidad de desvincular el independentismo de la corrupción».
Parece que importa menos determinar la verdad —la culpabilidad o inocencia de Borràs— que aprovechar la ocasión para llevar cada cual el agua a su molino. Apunta Vilaweb que esto representa un nuevo choque entre los partidos independentistas: «JxCat ya ha avisado que votará contra el suplicatorio y advirtió a ERC que si lo avalaba habría un cambio de relaciones entre ambos partidos» —¿podrían ser peores?— «el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que Borràs no tendría un juicio justo en el Supremo» —nada nuevo en su discurso— y desde la CUP, de manera muy salomónica, afirman no querer «que la represión contra el independentismo sirva para maquillar u ocultar la corrupción, ni que la corrupción sirva para tapar la persecución política».
La judicialización de la política se podría evitar si no se cometieran tantos actos que, sean o no delitos al final, mientras tanto lo parecen.
