El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado una vez más la razón a Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Diputación de Tarragona tendrá que abandonar la Associació de Municipis per l’Independència (AMI). Lo ha hecho la Sala de lo Contencioso Administrativo, presidida por Francisco José Sospedra Navas, que ha resuelto de este modo los recursos presentados por la diputación y por la AMI a una sentencia anterior que ya dejaba claro que la adscripción a la asociación independentista no podía llevarse a cabo.
Entre los motivos esgrimidos, se encuentran los relativos a la necesaria «neutralidad» que tienen que tener las administraciones públicas, según ha explicado el representante de SCC Manuel Miró. «Nos parece bien que exista la AMI», ha explicado, «pero un ayuntamiento o una diputación no pueden adherirse a una entidad de derecho privado que, además, tiene fines prohibidos o ilegales, como es promover la independencia».
Miró se ha preguntado qué sucedería si el Ayuntamiento de Barcelona se adhiriera a una asociación que promoviera un «romper el orden constitucional y la instauración de una dictadura». «Esto», ha añadido, «es lo mismo. Se está rompiendo el principio de neutralidad ideológica de las instituciones».
En estos momentos, más de 800 ayuntamientos catalanes están adheridos a la AMI mediante acuerdos de Pleno que, además, comportan el pago de unas cuotas que, aunque bajas, no están sometidas a ningún control público al tratarse de una entidad privada. Algo que desde SCC se contempla con preocupación, dada la imposibilidad de conocer cuál es el destino real del dinero.
