17 millones de euros es la cantidad que la consellera de Salud Alba Vergés (ERC) pensaba pagar a una filial de Ferrovial, líder en la construcción de infraestructuras públicas, por establecer un sistema de rastreo de posibles contactos de infectados de COVID-19. La contratación se ha producido de manera directa, algo que permite el decreto del estado de alarma, y ha generado una gran polémica en el mundo sanitario catalán y en el seno del propio Govern presidido por Quim Torra (JxCat).
Ferrovial gestiona en Cataluña el servicio del 061, que ha sufrido durísimas críticas durante la pandemia del COVID-19 por el mal funcionamiento. Ahora, Vergés pone en manos de la constructora el sistema de seguimiento que debe servir para la prevención de nuevos brotes de la enfermedad. Una decisión que ha recibido duras críticas del Colegio de Médicos de Cataluña, que en su cuenta de Twitter, ha exigido a Vergés que revierta el contrato «por lógica, por coherencia y por seguridad clínica«. También han reclamado a la consellera que dote al servicio de Atención Primaria de los medios necesarios para hacer este seguimiento.
A las críticas del Colegio de Médicos se han sumado también las de Fòrum Català d’Atenció Primaria, que, además, ha denunciado que, por la misma labor, Salud solo vaya a invertir 4,5 millones de euros en Atención Primaria.
La polémica ha ido in crescendo y el propio Quim Torra ha exigido tanto a Vergés como al líder de ERC y vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, la suspensión del contrato. Algo que se niega rotundamente desde la formación republicana que, sin embargo, sí ha anunciado este lunes que está buscando la manera de cancelar el acuerdo con Ferrovial. Desde el sector de JxCat en el Govern se ha pedido a la consellera de Salud, además, que dialogue con los sanitarios. Así lo ha señalado la portavoz Meritxell Budó quien, en declaraciones a la Ser recogidas por El Nacional, ha recriminado a Vergés no haber dialogado «lo suficiente» con el sector sanitario.
En JxCat, socios de ERC en el Govern, se han lavado las manos y, salvo la exigencia de Torra de cancelación del acuerdo con Ferrovial, se han limitado a reclamar a Vergés más diálogo con los sanitarios. Una vez más, el enfrentamiento entre ambas formaciones de cara a las elecciones autonómicas es un hecho. Y, en esta ocasión, los republicanos han puesto a la posconvergencia la polémica en bandeja. Más considerando la nefasta gestión desarrollada por Vergés al frente de la Conselleria de Salud durante la pandemia del COVID-19.
La «campaña electoral» diaria
El PSC, por su parte, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas dirigidas tanto a Vergés como gerente del Sistema de Emergencias Médicas, Antoni Encinas, para que expliquen el por qué de este polémico contrato. La diputada Eva Granados ha exigido a la titular de Salud que comparezca en el Parlament y ha criticado tanto a ERC como a JxCat por «hacer campaña electoral cada día».
En redes sociales como Twitter, la decisión de Salud ha recibido también durísimas críticas por parte de ciudadanos que observan atónitos como grandes empresas podrán beneficiarse de la crisis en la que ya está inmerso el país.
