UGT exige conocer en detalle el plan B para Nissan en el que trabajan Gobierno y Generalitat. Un plan que únicamente tendría sentido si se plantea una solución dentro de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tal y como han asegurado durante una rueda de prensa celebrada esta tarde en la sede del sindicato, situada en la Rambla de Santa Mónica de Barcelona, según recoge Europa Press. Josep Maria Álvarez, secretario general de UGT, ha hablado sin tapujos: están en juego 3.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos.
Sindicatos al margen, de momento
Aunque molesto porque desconoce en qué consiste dicho plan, Álvarez ha pedido apoyo y acompañamiento por parte de las administraciones a la estrategia sindical de negociación. En este caso, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, o la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón.
El impacto del cierre de las instalaciones de Nissan sería de un 7,3% en el tejido industrial y un 1% en el PIB catalán, eso sin contar la afectación en términos de ocupación que podría superar los 23.000 empleos.
Más allá de solidarizarse con los trabajadores, el sindicalista insiste en que Gobierno y Generalitat deberían explicar ya en qué consiste ese plan B. Por ejemplo, si se va a mantener operativa la planta de Barcelona y en qué condiciones. O si hay la posibilidad de trabajar en una alternativa que trascienda Nissan, aunque dentro de la alianza automovilística.
Por su parte, el secretario general de la UGT Fica, Pedro Hojas, también ha reclamado que se cuente con ellos a la hora de abordar los planes para que Nissan se quede en Cataluña. Asimismo, ha recordado que, desde hace tiempo, habían avisado de la difícil situación que atraviesa el sector de la automoción, aunque las administraciones no han hecho nada al respecto. En este sentido, Nissan es el ejemplo más claro de este escenario poco halagüeño para la industria del automóvil. Se estima que el impacto del cierre de las instalaciones de Nissan sería de un 7,3% en el tejido industrial y un 1% en el PIB catalán, eso sin contar la afectación en términos de ocupación que podría superar los 23.000 empleos.