«Lo económico marcará mucho los próximos años», descubre el abogado Gonzalo Boye en El Nacional: La hora de la transición. Pues sí, los próximos y los anteriores. Y viviremos dentro de una «efervescencia social» amenizada con «crispación política». No hacía falta decirlo. Pero a lo que va es a denunciar que «hay grupos de poder que están viendo la actual situación como una gran oportunidad para aumentar ese poder», sin tener por supuesto ninguna «legitimidad democrática para hacerlo», lo que «les convierte en un poder omnímodo, totalitario y absolutamente antidemocrático».
Cuando parece que nos expondrá algún plan del Club Bilderberg o algo parecido, nos remite al “caso Marlaska-Pérez de los Cobos”: «La combinación, complicidad e interactuación entre estos dos grupos de poder [existentes en la policía y en la judicatura] es una auténtica bomba de relojería que en 40 años de inconclusa Transición no se ha querido desactivar, bien por miedo, bien por incapacidad, bien por comodidad o, peor aún, igual ha sido por miedo. El problema es que cada día que pasa se van haciendo más y más fuertes y, tiempo al tiempo, veremos cómo ese tic-tac de su explosiva relojería termina por deflagrar retrotrayéndonos a tiempos no tan lejanos.»
Cuarenta años es mucho tiempo para seguir llamándole transición; tal vez esto es, simplemente, lo que hay. En cualquier caso lo que hay no le gusta a Boye, porque «las estructuras de poder existentes dentro del Estado, las más profundas» —lo que otros abrevian llamándolo «estado profundo»—, aspiran al «control del poder a costa de las garantías y estabilidad democrática para imponer un modelo de sociedad que ni es al que mayoritariamente aspiramos ni el propio de un estado miembro de la Unión Europea».
¿Qué modelo de sociedad? Pues «nos quieren llevar al pasado, a una vida en blanco y negro, al NO-DO, al Tribunal de Orden Público…» —lo que otros abrevian llamándolo «franquismo»—. Faltaba un ingrediente: «Lo que le está pasando al Gobierno de Sánchez es fiel reflejo, pero aún incipiente, de lo ya vivido en País Vasco y en Cataluña.»
No parece muy inteligente intentar polarizar a la opinión pública española ante el dilema de aceptar la secesión de uno o dos de sus territorios o resignarse a vivir para siempre en una dictadura franquista, pero no estamos ante gente muy inteligente.
Una pandemia centralista se abate sobre Cataluña
Atención que Sánchez ya prepara un 155 sociosanitario permanente</a>, anuncia Pere Martí en Vilaweb, quien se atreve a usar el término «pandemia centralista», de escaso gusto en estos tiempos.
El presidente del Gobierno quiere aprobar «un nuevo decreto para fijar un marco de actuación común en todo el estado para garantizar una salida ordenada del estado de alarma, y estará vigente hasta que no haya una vacuna para el coronavirus, lo que no está previsto hasta el próximo año, por lo menos».
Ese decreto viene a regular asuntos tan importantes como «el mantenimiento de las distancias entre personas en los espacios públicos, las normas de seguridad en la hostelería, los comercios y los lugares de trabajo, el funcionamiento de las escuelas (…) y la obligatoriedad de llevar máscaras».
Pere Martí hace una trampa evidente al dar a entender que las competencias de sanidad son exclusivas de las comunidades autónomas, y no es así. Hay una división de competencias entre la administración central y las autonómicas, como es fácil comprobar.
Para que el Congreso de los Diputados acepte el decreto, «el apoyo de Ciutadanos es insuficiente si no cuenta con el PNV o la abstención de ERC». Y ante esa posibilidad, el informador se pone serio: «El contenido del decreto es inasumible, no por un partido que se diga independentista, sino simplemente por uno autonomista». Y asume el papel de consejero: «El independentismo debería hacer frente común en el congreso español para frenarlo.» Están advertidos.
Barcelona es un Lloret con ínfulas culturales
A Xavier Roig no le sorprende en absoluto que Nissan se haya ido de Cataluña —Nissan fue un estado de ánimo—: «Era una historia de éxito que los incompetentes públicos y la dejadez social han ido hundiendo.» Y sabe cómo repartir bien las culpas: «¿Que en el caso Nissan ha habido muchas carencias por parte de los gobiernos españoles? Cierto. Pero los principales culpables están entre nosotros. Las prioridades de los que gobiernan en Cataluña constituyen una broma de mal gusto. Y unos medios manipulados les redondean el trabajo.»
Es un decidido partidario de las sociedades industrales, en contraste con las que están orientadas al turismo, no sólo por razones estrictamente económicas sino también morales: «Los países industrializados están ensamblados socialmente y el bienestar es razonado y repartido. La civilidad es la tónica. La gente trabaja en un ambiente de métodos y procedimientos establecidos. Hay implantada una formalidad productiva evidente tanto a nivel profesional como social. Seguramente no tienen ciudades escaparate, pero son para vivir. Son, en mi opinión, lugares a la medida de sus ciudadanos, no a la medida de quien los visita.»
Esto ha desaparecido de Cataluña «desde el momento en que Barcelona decidió convertirse en una especie de Lloret con ínfulas culturales» y poner «todas las trabas a la actividad comercial y empresarial».
Y la sentencia final es para enmarcar: «La sociedad catalana, al elegir representantes ineptos, ha optado por la pérdida de las raíces productivas que la caracterizaban.»
La ANC es un desastre, lo dice un testigo
Alguien que trabajó para la Assemblea Nacional Catalana, el politólogo belga Christophe Bostyn, denuncia abusos laborales y nepotismo, en una serie de tweets que recoge el Triangle.
Existe la idea que la ANC es una organización basada en el trabajo voluntario de miles de personas, y algo habrá de eso, pero también funciona como una empresa, y no de las mejores. «El diseño de la Asamblea es eso: buenas intenciones, pero un desastre en la práctica. Así, hay continuamente secretarios que se interponen en el trabajo de los trabajadores profesionales, imponiendo sus ideas y órdenes, sin tener ni la mínima idea de lo que hacen.»
Sin embargo Bostyn manifiesta una cierta ingenuidad al afirmar que una gerente fue nombrada «por motivos políticos». Es lo que pasa en las organizaciones políticas. Es más grave si pasa en la administración pública, y también pasa.
Igualmente cuando se queja de que «era imposible hacer una asamblea de trabajadores en la Asamblea Nacional Catalana». Primera lección que un politólogo debería tener bien aprendida: No hay nada menos asambleario que una asamblea política.
Sigue una relación de sueldos de miseria, nombramientos a dedo, subcontrataciones, restricciones de gastos, favoritismos y frecuentes despidos, asuntos que tendrían que ser contrastados antes de darlos por buenos, pero nada que pueda sorprender en nuestro mercado laboral.
Aunque, eso sí, «derrochar muchísimos recursos en proyectos de amigos políticos (por ejemplo, Primarias, ¿unos 500.000 €?). O proyectos sin pies ni cabeza sólo para hacer ver a la militancia que se estaba haciendo alguna cosa. Decenas y decenas de miles de euros».
Afirma el denunciante que «de todos los que alzamos la voz o nos atrevimos a apoyar a compañeros o a denunciar abusos o ilegalidades, no queda casi nadie. Nos hemos ido o nos han echado». En cambio, «los trabajadores que se comportan reciben un “plus de productividad”».
También lamenta que no le hayan hecho caso en la Intersindical-CSC, «donde no oigo gran cosa de mi caso legal desde hace tiempo». Pero, hombre, ¿se ha creído que la Intersindical-CSC es un sindicato? Legalmente sí, para poder convocar huelgas generales, pero para nada más.
La conclusión de Bostyn sobre la situación en la ANC es que es «un desastre»: «La entidad está desgastada y debilitada por la pésima gestión de los últimos dos años.» Lo más probable es que ninguno de sus dirigentes se rebaje a replicarle.
