El Estado español debe garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes porque son una “minoría nacional”. Esta es la conclusión de Fernand de Varennes, relator especial de la ONU para las minorías, que en 2019 visitó España para estudiar la situación de las minorías étnicas, nacionales, lingüísticas y religiosas del país.
La presentación del informe ha generado un gran malestar, ya que durante la visita en 2019, el relator descartó entrevistarse con muchas organizaciones defensoras del castellano, que mostraron su descontento y denunciaron la opacidad de la visita. La única que tuvo acceso a Varennes fue la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ahora lo acusa de no haberle dado voz en su estudio, obviando todas las pruebas aportadas sobre la precariedad del castellano en el sistema educativo catalán.
“El castellano es en Cataluña una simple asignatura lingüística, algo que queda lejos del 25% del total de horas que debería ocupar según la ley”, afirma Ana Losada, presidenta de la AEB. Sin embargo, el informe sostiene que los catalanohablantes son una “minoría nacional” cuyos derechos deben protegerse. Para Losada, esta afirmación “es un abuso de derechos de unos individuos en contra de otros” y lamenta, además, que la ONU adopte la visión personal del relator como propia ignorando, por tanto, los derechos de muchos ciudadanos.
“Neutralidad bajo sospecha”
En febrero de 2020 el periodista y escritor Juan Pablo Cardenal publicó “La Telaraña”, una obra que estudia el entramado internacional del nacionalismo catalán, donde señala la cercanía de Varennes a una “órbita de personas del sector independentista”. En este sentido, Cardenal hace mención a un galardón que el relator canadiense recibió en 2004 por parte de la asociación no gubernamental Linguapax, “dependiente al 100% de las subvenciones de la Generalitat y otras administraciones catalanas”. Pero por si fuera poco, sostiene el autor, en el consejo asesor aparece “sorprendentemente” Fernand de Varennes junto a Carles Torner, director ejecutivo del PEN Internacional.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe es contundente en su denuncia y pide al Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas que valore la exclusión de España de los exámenes relativos a las minorías.