Durante los últimos años, administraciones con competencas -Gobierno, Generalitat y Ajuntament de Barcelona- junto con el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), han trabajado a fondo para que Nissan se quedara en Barcelona. En este sentido, se les han facilitado condiciones muy ventajosas, que pasan por alquileres favorables a la empresa.Pere Navarro, delegado del estado en el Consorci, ha descrito así el esfuerzo llevado a cabo para retener a Nissan, algo que no ha sido posible, en declaraciones a TV3 esta mañana. «La decisión de cerrar la planta de la Zona Franca obedece a una estrategia de reforma global del grupo y no tiene nada que ver con las condiciones que se les han ofrecido hasta ahora», ha sostenido el delegado. «Nuestra máxima preocupación ahora son los trabajadores que están en esta situación tan difícil. Lo que debemos hacer tanto las administraciones como El Consorci es crear espacios para que estas personas tengan una segunda oportunidad según su perfil».
Más de 500.000 m2, a disposición de nuevas industrias
El delegado del Estado en el Consorci ha explicado que todavía hay conversaciones para revertir la decisión de la central de Nissan en Japón, aunque «no se pueden quedar parados». En este sentido, ha reconocido que algunas industrias, aún en el anonimato, están interesadas en cubrir los 517.000 m2 que ocupa la planta de Nissan en la Zona Franca. Navarro ha recalcado que esos m2 deben volver a ser productivos -es decir, que generen nuevas oportunidades y puestos de trabajo- en el momento que Nissan se marche, si finalmente decide hacerlo. A la pregunta de si las empresas interesadas son del setor de la automoción, el delegado del Estado ha revelado que hay «un poco de todo».
El sector de la automoción es uno de los que tiene mayor solera en el polígono de la Zona Franca con la llegada de Motor Ibérica en un principio, Nissan y SEAT después. Desde el Consorci opinan que sería deseable el aprovechamiento de las instalaciones de la planta de Nissan, aptas también para la producción de vehículos elèctricos, considerados el futuro del sector. De lo contrario, Nissan deberá desmantelar sus instalaciones, de manera que los 500.000 m2 todavía no estarían disponibles a pesar del cierre de la planta a finales de año.
Por último, Navarro ha asegurado que los 118 millones de ayudas públicas destinados a Nissan han servido para alargar la permanencia de la factoría en la Zona Franca. También ha criticado que la multinacional no ha valorado los costes sociales del cierre y ha insinuado que este puede causar problemas de reputación a la marca. Problemas que podrían derivar en una caída de las ventas en los concesionarios Nissan.