La Generalitat ha recibido más de 3.000 quejas de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) provocados por la crisis del coronavirus que no han cobrado la prestación del paro a la que tienen derecho o bien han recibido una inferior a la que les corresponde.
En una entrevista de Europa Press, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha explicado que han recibido quejas «de todo tipo» en el buzón que crearon hace dos semanas para quienes tienen problemas con su prestación del paro, tramitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
«Desde la queja clásica de que no se ha cobrado la prestación desde hace mucho tiempo hasta situaciones de que han cobrado cuantías que no corresponden y que a veces sorprenden, como pagar la nómina del paro con una cantidad que no supera los 10 euros», ha expuesto.
718.800 trabajadores afectados
La avalancha de expedientes temporales empezó a mediados de marzo con el estado de alarma por coronavirus y el confinamiento, y ha crecido exponencialmente hasta superar los 718.800 trabajadores afectados en Cataluña, con más de 97.500 empresas que han recurrido a este mecanismo, la mayoría de servicios, uno de los más castigados por la nueva crisis.
Tras recibir más de 3.000 correos en ‘queixes.atur.tsf@gentcat.cat’, El Homrani considera evidente que no es «un elemento puntual» de empleados que pueden no estar cobrando nada desde hace más de dos meses, unos 80.000 según el último cálculo de la Generalitat, y prevé trasladar una reclamación colectiva con todas estas quejas al Ministerio.
«Todos somos conscientes de que la gestión por parte del Sepe y el Ministerio de Trabajo no ha sido todo lo cuidada, ágil y rápida que tenía que ser, porque nos encontramos con situaciones de trabajadores que a fecha de hoy aún no están cobrando la prestación a la que tienen derecho», ha defendido.
«El Sepe no sabe dar respuesta a las dudas»
El departamento seguirá recogiendo testimonios hasta tener un universo «suficientemente grande» para comunicarlo al Gobierno, y estudia las vías que puede utilizar a partir de lo que les explican los afectados por ERTE.
El Homrani ha dicho que el Sepe no sabe dar respuesta a las dudas e inquietudes de los empleados a quienes les había suspendido temporalmente su contrato con un ERTE y pasan a cobrar el paro, ante un sistema que «no estaba preparado» para tramitar tantas prestaciones.
«La ciudadanía lo que pide es una respuesta, y todos somos conscientes de la situación de excepcionalidad que tenemos, pero lo que no puede ser es que nos encontremos muchos ciudadanos y trabajadores que nos dicen que es imposible contactar con el Sepe», ha sostenido.
Recorte de más de 215 millones de euros
El conseller ha dicho que la falta de respuesta del Sepe ha llevado a que los afectados por ERTE llamaran a su homólogo catalán, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ha recibido 320.600 llamadas desde finales de marzo, de las cuales un 83% son por dudas sobre ocupación y prestaciones.
La Conselleria de Trabajo analizan jurídicamente la viabilidad de presentar un recurso con el Gobierno por el recorte de más de 215 millones de euros para políticas activas de empleo, un 55% del total de recursos destinados a Cataluña para este fin.
La Generalitat cuestiona la legalidad de esta decisión tomada por el Ministerio porque son fondos finalistas que no se pueden dedicar a otras cuestiones y deben gestionar las autonomías.
Derogación de la reforma laboral
El Homrani ha recalcado que las políticas activas de empleo son «absolutamente necesarias», más con la crisis del Covid-19, y confía en que la reducción de estos recursos para Catalunya sea temporal, como sostiene que ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Sobre la polémica de la derogación de la reforma laboral, El Homrani ha enfatizado que existe un acuerdo de las fuerzas progresistas en el conjunto de España para «hacer un cambio» en el marco normativo actual.
Ha añadido que la reforma laboral no consiguió los objetivos que perseguía y ha generado un mercado de trabajo «más precario y parcial», por lo que se requiere una modificación.
Para él, una de las claves a recuperar es el retorno de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y los ERTE por causas productivas, organizativas o económicas: «Nuestra decisión no es vinculante» en estos casos como autoridad laboral -ha lamentado-, a diferencia de en los de fuerza mayor.