El Parlament aprobará este jueves la creación de una comisión de investigación que, a propuesta de la CUP, tiene como objetivo esclarecer por qué la pandemia del COVID-19 ha hecho estragos en las residencias para mayores de Cataluña. Tanto JxCat como ERC, este último responsable de la gestión de estos servicios, han presentado enmiendas a la propuesta con el fin de que, además de investigar, llegue a conclusiones que permitan cambiar el modelo. Y, en este sentido, los republicanos se han mostrado partidarios de un modelo de gestión «más público«.
Desde la CUP se considera que las residencias para mayores catalanas deben ser todas públicas y no permanecer «en manos privadas que quieren hacer beneficio«. Así lo ha expresado este miércoles el líder de la formación y diputado autonómico, Carles Riera, quien también ha señalado que «es dramático que los mayores hayan padecido esta pandemia de esta forma tan dolorosa». Y es que, además, en opinión de los cupaires, el COVID-19 irrumpió en una Cataluña en la que «encontró unos servicios públicos completamente raquíticos y dañados por años de recortes», según ha explicado Riera en una entrevista en Ràdio 4.
Lo sucedido en las residencias ha llevado a la CUP a proponer esta comisión de investigación en la que pretenden, además, conocer «las personas físicas, los responsables políticos y administrativos que participan de la titularidad y la gestión de las residencias de mayores y las competencias y responsabilidades que corresponden a cada uno».
Una «propuesta de futuro»
A esta propuesta han presentado enmiendas desde el Govern tanto JxCat como ERC. En la guerra que mantienen abierta ambas formaciones, los posconvergentes ya anunciaron que apoyarían la investigación. Algo que puede entenderse como una forma de evitar que, de cara a las elecciones autonómicas, los republicanos puedan intentar echar mano de la gestión de la pandemia del COVID-19. Y es que de ERC dependen las dos áreas de gobierno más implicadas en la lucha contra el virus, Salud y Asuntos Sociales, dirigidas por Alba Vergès y Chakir El Homrani.
Si bien en ERC no se ha acogido con alegría la iniciativa de la CUP, lo cierto es que tampoco se han opuesto y este miércoles han intentado ir más allá de lo planteado por la formación de Carles Riera, apostando por regresar a un modelo de gestión de estas instalaciones «más público». «Queremos redoblar la apuesta por la comisión de investigación», han dicho los republicanos en un comunicado recogido por Europa Press, «y ampliar el foco a una propuesta de futuro».
Europa Press
Junto a los posconvergentes, ERC también propone analizar cómo ha afectado el COVID-19 a residencias de ancianos en el resto de España, en Europa y a nivel internacional. El objetivo será «identificar aciertos y errores que ha habido en otros territorios que han sufrido situaciones parecidas y qué se podría haber aplicado en Cataluña».
3.609 fallecidos en dos meses
De los 11.703 fallecidos por COVID-19 en Cataluña y declarados por las funerarias, un total de 3.609 han muerto en residencias para ancianos, según el último comunicado emitido por Salud. Un número de fallecimientos difícilmente asumible cuando desde muchas residencias y en los inicios de la pandemia se alertó al Govern de lo que estaba a punto de suceder. La directora de uno de estos centros, Soraya Real, llegó, incluso, a denunciar en Twitter la situación y advirtió de que estaban dejando morir a los ancianos sin proporcionar las medidas de protección y atención sanitaria necesarias para afrontar la crisis del COVID-19 en entornos tan sensibles. Real ha ido más allá en una entrevista reciente en el digital Vilaweb en la que ha asegurado que el Govern «dejó que la gente enfermara y la han privado de tratamiento en el hospital«.
Paralelamente a estos hechos, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que hay más de 300 investigaciones judiciales en curso en España sobre lo sucedido en las residencias de ancianos en dos últimos meses. 106 de estos procedimientos, muchos de ellos civiles, han sido abiertos en juzgados de Cataluña. En el ámbito penal se están tramitando 25 investigaciones relativas a centros ubicados en Barcelona y Tarragona. Y, hasta el momento, solo se ha archivado una denuncia sobre una residencia de Vilanova i la Geltrú, según recogía El Periódico a principios de este mes.
El horizonte de las elecciones
Así las cosas, parece difícil que ERC pueda salir indemne de la investigación que está a punto de comenzar en el Parlament. El número de fallecidos es demasiado elevado como para ser asumido sin consecuencias u ocultado bajo la bandera de la promesa de la independencia. Además, si la gestión al frente de las residencias del conseller El Homrani ha sido nefasta, la realizada después por Alba Vergés desde Salud no ha tenido resultados mucho mejores.
EFE
Ahora, frente a unos republicanos que tienen claro que les ha tocado la peor parte, políticamente hablando, de la pandemia, se encuentra una posconvergencia que empieza a ver cierta luz con algunas encuestas que, aunque sea por la mínima, le auguran la victoria en las próximas elecciones catalanas. Desde un punto de vista meramente político, nadie podrá hacer gala de una gestión eficaz en este área. Pero, desde el mismo punto de vista, está claro que alguien utilizará la tragedia para convertirla en votos.
