El Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos y empresas han gastado durante el último año un total de 4,9 millones de euros públicos en la contratación de informes y estudios externos. Según el Registro público de Informes y Estudios de la web de transparencia del Consistorio, entre el segundo trimestre de 2019 y hasta el primero de 2020, se contabilizaron un total de 471 trabajos por un valor de 4.919.786 euros.
En este registro público de informes y estudios se encuentra la información del área municipal, organismos o empresas que ha realizado el encargo y número de expediente con el objetivo del estudio, importe y adjudicatario. El Gobierno municipal de Colau, acumula desde 2016 un gasto de 16 millones de euros en informes y estudios técnicos encargados a externos, muchos de ellos adjudicados de forma directa.
Trias apostó por la transparencia
Tras varias polémicas sobre gastos excesivos en la contratación de informes por parte del entonces Gobierno municipal de PSC e ICV-EUiA, se creó en 2012, con Xavier Trias como alcalde, el Registro Público de Informes y Estudios con el fin de ofrecer transparencia, un hecho que provocó inicialmente una reducción considerable del gasto público en esta materia.
Algunos de los actuales informes adjudicados a dedo también tienen una dudosa utilidad como un Estudio comparativo sobre diferentes modelos de TV (17.962 euros) o el Estudio sobre suelos pegajosos (17.903 euros), ambos informes rozando el límite de los 18.000. Si repasamos el listado de adjudicaciones podemos observar que muchos informes o estudios no superan los 18.000, un hecho que permite la adjudicación directa sin necesidad de concurso.
Muchos de los informes o estudios contratados por Colau no superan los 18.000 euros, lo que permite contratarlos de manera directa.
Muchos de los trabajos son auditorías externas y encuestas para evaluar los servicios municipales. Estos suelen tener un coste más elevado, como, por ejemplo, las auditorías externas encargadas por la Gerencia de Presupuestos y Hacienda (primer trimestre de 2020) a Faura Casas Auditors por importes de 228.668 y 143.627 y también a Ernst & Young por 120.165. Ambas peticiones entran en el habitual funcionamiento de revisión económica de la actividad municipal.
Informes sobre decisiones políticas
Pero entre los más de 400 informes y estudios del periodo (marzo 2019-marzo 2020), destacan informes relacionados con decisiones políticas que tuvieron en su momento una trascendencia mediática al tratarse de propuestas polémicas, como es el caso del dentista municipal. La Gerencia de Derechos Sociales encargó a finales de 2018 una Evaluación sobre el servicio de odontología público por 16.940 euros. Un servicio que actualmente sigue sin funcionar debido a un recurso presentado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos (COEC) que ha retrasado el proyecto del dentista municipal hasta 2021.
Otro caso, la moneda local que la alcaldesa Colau quería instaurar en toda la ciudad para ayudar, según ella, a las rentas más modestas. Esta moneda virtual, desconocida actualmente por la mayoría de barceloneses, se puso en marcha a finales de 2018 y tan solo ha sido utilizada en algunos comercios del barrio del Besós. En cambio, el Gobierno de la alcaldesa Colau, no dudó en solicitar un Estudio sobre el impacto del SMI en la moneda ciudadana REC por un importe de 17.823 a NOVACT (Institut Internacional per l»Acció No Violenta). Un informe que, a pesar de estar elaborado por una institución afín a los Comunes, no deja en muy buen lugar la medida.
Barcelona cuenta desde 2018 con una moneda local que desconoce la mayoría de los ciudadanos.
En el interior del estudio podemos encontrar datos tan significativos como: «El 87% de los comercios consideran que la moneda REC no les ha hecho cambiar ningún hábito de consumo» o «El 60% de los comercios declara que el REC no le ha ayudado a establecer relaciones de confianza con los consumidores». A pesar de esas evidentes muestras de rechazo por parte de los comercios, el informe asegura que la medida es un éxito.
Cinco informes para rechazar el Hermitage
A mediados de 2019, el Gobierno municipal de Colau y el PSC encargaron, por un valor total de 42.774 euros, cinco informes sobre la instalación del proyecto de museo del Hermitage en la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona, junto al hotel Vela.
Los informes encargados por el gobierno Colau se dividían en: Evaluación de la movilidad generada por el Hermitage (7.623 euros); otros dos sobre la sostenibilidad del proyecto, por 9.300 euros y 1.953 euros y, el más caro, con un coste de 16.698 euros, era una evaluación sobre el impacto urbano en la zona que se pretendía ubicar el museo. El último informe fue el relativo a la redacción del proyecto cultural del museo y por el que se pagaron 7.200.
El Gobierno municipal aprovechó estos estudios para justificar su rechazo al proyecto del Hermitage, basándose sobre todo en los problemas de impacto medioambiental y la movilidad de la Barceloneta. Un rechazo constante del proyecto museístico que, mezclado a la actual crisis del coronavirus, han despertado los rumores sobre que los inversores estarían estudiando el posible cambio de destino a otras ciudades como Madrid, Málaga o Lisboa.
El PP exige recortar los gastos
El portavoz de Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Ramírez, ha reclamado a la alcaldesa Ada Colau «más austeridad» en la adjudicación de informes externos, ya que «es necesario recortar gastos innecesarios ante la inminente crisis económica provocada por las consecuencias del COVID-19″. «No podemos permitir un gasto anual de 5 millones de euros en informes y estudios», ha advertido.
«Colau aseguraba que reduciría la contratación de informes y estudios, pero los datos de transparencia demuestran todo lo contrario, en los tres primeros meses de 2020 el Ayuntamiento ya ha gastado 1,4 millones de euros en informes», ha recordado Ramírez.
«Algunos de estos estudios se podrían elaborar desde el propio Ayuntamiento sin necesidad de contratar externos, una medida que supondría un ahorro a las arcas municipales. Pediremos explicaciones sobre algunos de los informes y estudios de dudosa utilidad».