«Históricamente, las micropymes, las pymes y los autónomos eran los que más sufrían los impagos de sus clientes, sobre todo de grandes compañías y de las administraciones públicas. Actualmente, y por primera vez, son los que peor están pagando porque tienen una falta total y absoluta de liquidez. Es un claro reflejo de la situación que estamos viviendo», lamenta Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), quien alerta así de la «dramática y preocupante situación» que atraviesan estos colectivos. El portavoz de la entidad insta a inyectar liquidez para poder hacer frente a sus necesidades: «En caso contrario, vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos y, en consecuencia, a una pérdida de empresas y puestos de trabajo como nunca habíamos visto hasta ahora». La crisis del Covid-19 está mermando la liquidez de micropymes, autónomos y pymes, muy afectada anteriormente debido a la morosidad de sus clientes. «Actualmente, no pueden pagar en plazo a sus proveedores; la cadena de pagos está más fracturada que nunca», denuncia Cañete.
El presidente de la PMcM hace referencia a las conclusiones de la encuesta sobre el alcance del Covid-19 en materia de pagos a proveedores, donde el 74% de los 700 entrevistados, pone en evidencia los problemas de solvencia de estos colectivos. En particular, un 39% de los encuestados reconoce que los autónomos son los que más tardan en pagarles; mientras que un 35% cita a las pymes. Para la PMcM, este cambio de tendencia evidencia que autónomos, pymes y micropymes reciben menos ayudas por parte del Estado que el resto, y en consecuencia, experimentarán las consecuencias «más graves» de la crisis. Cabe tener en cuenta, que el 53% de las empresas se hallaban abiertas con restricciones, el 38% abiertas sin ningún tipo de restricción y el 9% cerradas mientras se hacía la encuesta.
El análisis de la PMcM también refleja la realidad conjunta del sector privado y público. Desde que empezó la crisis del Covid-19, el alargamiento de los plazos de pago por parte de las administraciones públicas ha sido percibido por el 28% de los participantes, y el del sector privado por parte del 70%.
O el Gobierno inyecta liquidez o vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos y, en consecuencia, a una pérdida de empresas y puestos de trabajo como nunca habíamos visto hasta ahora»
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad.
La falta de liquidez aumenta el impago por parte de pymes y autónomos, algo excepcional en ambos. Pexels
«Impagos sin precedentes en el país»
La PMcM exige al Gobierno que reaccione de manera inmediata ante esta nueva realidad, que podría derivar en «una situación de impagos sin precedentes en España dentro de unos meses». «Y eso que ya éramos el país europeo con los plazos de pago más largos desde hace años», apunta Cañete.
A fin de evitar este escenario, la entidad ha presentado numerosas propuestas para inyectar liquidez, sin riesgo, coste o garantías colaterales para las empresas y las arcas públicas. Si el Gobierno pusiera en marcha estas medidas para agilizar y garantizar los cobros y los pagos, se inyectaría savia «desde la raíz a todo el entramado empresarial», creándose una auténtica cadena de pagos. «En realidad, no estamos pidiendo nada excepcional, sencillamente, que se cumpla la ley», aclara el portavoz de la PMcM.
Devolución de los IVAs pendientes de compensación por parte del Gobierno.
Creación de una línea ICO para pagar facturas pendientes a interés cero.
Liberar parte de los 12.000 millones de euros de remanente de los Ayuntamientos retenidos en las cuentas y que deberían ir a parar a sus proveedores.
Aprobación de un Real Decreto Ley que obligue a las Administraciones Públicas y a las grandes compañías con balances saneados y capacidad de financiación a liquidar urgentemente los pagos pendientes a proveedores (15.000 millones de euros en el caso de las administraciones públicas y 122.000 millones en el de las compañías del Mercado Continuo).
Agilizar los trámites burocráticos y consensuar un criterio único que permita facturar los contratos públicos paralizados por la crisis sanitaria a pymes y autónomos.
Que las administraciones públicas aseguren el reparto eficiente de los lotes en las licitaciones, de forma que las pymes mejoren su acceso a la contratación pública y se puedan beneficiar del aumento previsible de gasto en inversión pública que el Gobierno hará para afrontar la crisis.
Por último, la plataforma pide más dureza para aquellas empresas con balances saneados y capacidad de financiación que no cumplan la Ley de Lucha contra la Morosidad. En concreto, las grandes compañías con pagos pendientes no deberían recibir ayudas del ICO ni del Banco Central Europeo, ni acogerse a ERTES, mientras no hayan liquidado sus cuentas con proveedores, según el representante de la PMcM. En este sentido, el 72% de los encuestados considera que hubiera sido útil el funcionamiento de un Régimen Sancionador que multara a las empresas morosas durante la crisis sanitaria.
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