El presidente Quim Torra insiste en que no es el momento de convocar elecciones en Cataluña, en un artículo publicado en La Vanguardia, bajo el título Por Cataluña y por la vida: «Ahora no es momento de abocar el país, las instituciones y los partidos a un proceso electoral que disolvería el Parlament y su capacidad legislativa y que convertiría aquello que tiene que ser el momento de la cooperación en una competición descarnada de interés de los partidos. Ahora tenemos que poner el país por delante de los partidos. Por responsabilidad y rigor«.
No es argumento suficiente. Con virus o sin virus, con crisis o sin crisis, la competición partidista nunca tendría que pasar por encima del interés global, eso es verdad ahora y siempre.
A los dos años de presidir la Generalitat, Torra reitera los ejes de su mandato: «Tomé el compromiso con tres objetivos principales: situar el cambio social como motor republicano, preparar un proceso constituyente para una Catalunya al servicio de las personas, y restituir a las personas represaliadas por su compromiso con la democracia y la libertad».
¿Motor republicano? ¿Proceso constituyente? ¿Restituir ? ¿Restituir al margen de la justicia? ¿En manos de quién está «la representación ordinaria del Estado en Cataluña» que el Estatut le atribuye?
A finales de enero, Torra había perdido la confianza en sus socios de gobierno de ERC, dijo que la legislatura ya no tiene más recorrido y anunció la convocatoria de elecciones, pero ahora ha recuperado milagrosamente esa confianza. Ahora, con el mismo partido y con las mismas personas, afirma que «tenemos que ser capaces de dibujar horizontes mejor preparados para el mundo que vendrá».
Y Junqueras no quiere perderlo
Oriol Junqueras, entrevistado en el Ara, sobre la cuestión de las elecciones, responde en su habitual estilo de decir lo mismo pero de una manera más suave: «No pedimos elecciones, sino pactar escenarios y calendario. Es evidente que dejar los tiempos en manos del Tribunal Supremo [por la previsible inhabilitación de Torra] es una irresponsabilidad. Hace tiempo que avisamos y luego todo serán prisas, improvisaciones y chantajes. Los gobiernos de coalición hablan y pactan estos escenarios. El Estado ya nos impuso unas elecciones y no creo que los ciudadanos se merezcan esto». Sobre la consigna, puesta en circulación por sus socios de gobierno, de que en una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos, no dice ni que sí ni que no: «Esto es difícil de saber y seguro que no es automático. En todo caso, defiendo que tenemos todo el derecho a gestionar directamente, y acertaremos o nos equivocaremos, pero lo decidiremos nosotros con el máximo conocimiento de la realidad. Es evidente que la proximidad y la experiencia nos habrían ayudado. Sin duda es mejor tener las herramientas de un estado. Sin embargo, hemos demostrado que sabemos gestionar la crisis mejor que desde el Estado».También presenta las condiciones de ERC para aprobar la nueva prórroga del estado de alarma: «Pedimos acabar con el mando único y la recentralización, la puesta en marcha de un paquete de medidas sociales, como el permiso retribuido para el cuidado de los niños mientras no hay escuela, y poner a disposición de los ayuntamientos los superávit para impulsar medidas sociales en los municipios. Y queremos el compromiso de retomar la mesa de negociación».
En contra del impuesto de sucesiones
David Bonvehí, aún presidente del aún partido PDECat, publicó el viernes un artículo en la Vanguardia titulado No al impuesto de sucesiones. «El importante incremento del impuesto sobre sucesiones y donaciones a través de los presupuestos de la Generalitat no nos gusta«. Cualquiera diría que el PDECat está en la oposición. Pues no, está en el gobierno. En ese gobierno al que le han aprobado unos presupuestos que contienen un «importante incremento» de un impuesto, como dice Bonvehí, «claramente confiscador, injusto y desfasado». Parece consciente de que está en juego el apoyo de sus votantes tradicionales: «Perjudica claramente a las clases medias y las menos favorecidas, personas que reciben en herencia bienes modestos y que muchas veces se ven obligadas a venderlos para poder afrontar la liquidación del impuesto. A menudo se argumenta, con un discurso populista, que es un impuesto dirigido a las grandes fortunas, pero justamente son estas las que, con diferentes vías que ofrece el ordenamiento jurídico, acaban eludiéndolo.» Cuando se dice que el gobierno Torra va a llevarnos a la ruina, ya no es sólo una metáfora; este impuesto puede llevar a mucha gente a la ruina en sentido literal.
Y a favor
Este domingo Jordi Muñoz, profesor de ciencia política, no de economía, sale en el Araen defensa del impuesto de sucesiones. Finge sorprenderse de que sea «un impuesto muy odiado en países muy distintos, y entre sectores sociales que son, de hecho, beneficiarios netos» de dicho impuesto. Pues será por algo. ¿O va a ser que la gente no sabe lo que le conviene? «Probablemente, la principal razón de la impopularidad del impuesto es la percepción que entra en contradicción con el principio de solidaridad intrafamiliar. El impuesto de sucesiones pone en contradicción dos valores ampliamente compartidos, la igualdad de oportunidades y la familia como núcleo de solidaridad, y el resultado no siempre es favorable al primero».
Siguiendo este razonamiento hasta el absurdo, antes de dejar el negocio familiar a un hijo, habría que convocar unas oposiciones -a nivel de barrio, comarca o país, según las dimensiones del negocio- a las que podrían presentarse todos los hijos de vecino en igualdad de oportunidades.
Ese debe ser el futuro que tienen en mente los partidarios del impuesto de sucesiones y donaciones, aunque antes de llegar a él, entre impuestos a todo lo que se mueve y limitaciones de toda índole, ya no quedaría ningún negocio en funcionamiento.
Vacaciones sin ir muy lejos
El sábado en Rac1, tertúlia de expertos en turismo, que nos advierten de que los felices años low-cost se acaban. Aunque todavía no nos habíamos dado cuenta de que fueran tan baratas, nos dicen que «a partir de ahora las vacaciones serán mucho más caras«. Por culpa de la pandemia la campaña de este año está perdida, por supuesto, y éstas son las novedades: «El turismo interno tomará un protagonismo como no ha tenido en décadas, los visitantes de fuera caerán a mínimos históricos, el distanciamiento entre las personas y las medidas de higiene condicionarán las actividades de ocio, las playas y las terrazas no se podrán llenar como de costumbre». Ante el encarecimiento de los grandes viajes en avión, nos dicen que «valoraremos más nuestro entorno y los destinos de proximidad». Dicho de otra manera, nos resignaremos a lo que podamos pagar. Si España era en 2018 el país de la OCDE con más peso del turismo en su PIB, es fácil entender la importancia de potenciar el turismo interior en estos momentos. Por ello ya Agencia Catalana de Turismo prepara una campaña dirigida al mercado español, que aporta más de la mitad de los visitantes y que es «el primero que hay que abordar». Aunque, para fortalecer los «vínculos sentimentales» a que la campaña pretende apelar, convendría apagar los fuegos que la política ha encendido durante los últimos años.
¡Qué viene la derecha!
Nos cuenta el abogado Gonzalo Boye, entrevistado en vilaweb.cat, que en Madrid hay grupúsculos que quieren forzar una situación golpista en dirección a la derecha y más allá. Y eso a pesar de que en España ya manda la derecha, aunque gobierne la izquierda; porque la izquierda es de derechas y «en vez de ir hacia delante, hacia un modelo republicano y federal, vamos hacia un modelo monárquico y centralista». Y eso de «ir hacia adelante» por las bravas, ¿no tendría algo de golpista?
«Hay una derecha muy radicalizada, que es la de Vox; otra derecha radicalizada que es la del PP; otra que navega entre aguas, que es la de Ciudadanos, y otra que es la de Grande-Marlaska. Hay muchas derechas, eso es evidente. Yo pienso que el gobierno español resistirá la salida de la crisis. Las propuestas que hace la derecha son absurdas, las que hace la derecha radicalizada son como las de Trump o de Johnson».
Respecto a la pandemia, afirma que «hay gente que quiere aprovechar esto, no para volver a situarnos en el 12 de marzo, sino en 1977. No tengáis ninguna duda. Y eso es muy peligroso. Si lo conseguirán, dependerá de nosotros».
Pues no fue un mal año, 1977, a pesar de muchos pesares: primeras elecciones democráticas en España, inicio de la legislatura constituyente, restauración de la Generalitat de Cataluña, pactos de la Moncloa Pero Boye ve muchas sombras en el horizonte: «O bien nos plantamos y nos ponemos firmes exigiendo nuestros derechos y nuestras libertades o nos daremos cuenta de que al final el confinamiento era la mejor cosa que nos podía pasar. El recorte de libertades puede ser brutal. Ayer leía una orden de servicio de un teniente general de la Guardia Civil que hablaba de peinar las redes sociales por los conflictos sociales que pueden aparecer cuando haya el desconfinamiento. Pero ¿de qué hablan? Que por unas protestas ciudadanas, que tenemos el derecho de hacer, se hará un rastreo de las redes por si hay desafectos? Esto dónde se ha visto? No tiene cabida en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos ni en la carta europea de derechos fundamentales. No cabe en la UE, por más que existan Hungría y Polonia. Otra cosa es querer parecerse».
