Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y columnista en Vozpópuli, Guadalupe Sánchez ha publicado con la editorial Deusto Populismo punitivo, obra en la que advierte de la erosión que los populismos están ocasionado a las instituciones democráticas. La autora, cuyo activismo a favor de la presunción de inocencia es bien conocido en las redes sociales, dirige sus críticas tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, «ideologías que no se combaten, sino que compiten».
En su ensayo El regreso liberal, Mark Lilla denuncia cómo las políticas identitarias han socavado a la izquierda actual. ¿Van camino éstas de socavar también el Estado de derecho?
Las políticas identitarias son, por definición, antagónicas al Estado de derecho, en la medida en que pretenden subvertir la igualdad ante la ley e instaurar el privilegio por razón de un rasgo de la personalidad. Un ejemplo muy claro es lo que sucede actualmente con el identitarismo de género, que persigue transformar la presunción de inocencia en una de culpabilidad sólo cuando la víctima de determinados delitos sea una mujer.
Lo hemos visto en las últimas semanas, con el gobierno confirmando asesinatos por violencia de género y señalando a las parejas de la víctima como culpables, aunque apenas horas después han demostrado no serlo. Que desde las instituciones no se respete un derecho humano fundamental como la presunción de inocencia es algo muy grave.
¿Y qué peligros entraña para la democracia y sus instituciones una situación de pandemia como la actual?
Nuestro Estado de Derecho cuenta con múltiples instrumentos legales para hacer frente a una pandemia. Debido a la inacción y a la falta de previsión por parte del Gobierno, se recurrió al estado de alarma por ser, a priori, la que podía dotar de mayor eficacia de respuesta al Ejecutivo. Tanto la alarma, como los estados de excepción y de sitio, son instrumentos constitucionales, pero también generadores de una situación excepcional que invade derechos y libertades individuales. Su aplicación debe ser siempre proporcionada e interpretada restrictivamente. Además, supone que dos de los tres poderes del Estado, el legislativo y el judicial, presenten una actividad muy limitada, mientras al poder ejecutivo goza de una enorme capacidad de actuación discrecional, de la que es un hecho que está abusando en numerosos aspectos.
Las políticas identitarias son antagónicas al Estado de derecho, en la medida en que pretenden subvertir la igualdad ante la ley e instaurar el privilegio por razón de un rasgo de la personalidad
El Gobierno parece estar intentando trasladar a la sociedad la idea de que la alarma es la única alternativa para gestionar lo que ellos llaman desescalada, tanto a corto como a medio -y a veces insinúan que a largo plazo-, cuando no es cierto. Es muy cómodo gobernar sin contrapesos, pero no existe democracia real sin Estado de Derecho, y viceversa. Ello conlleva un separación de poderes real y plenamente operativa, Y ahora mismo ésta es sólo nominal.
Sostiene que vivimos inmersos en un proceso de ideologización del Derecho penal. ¿Qué pierde con ello la Justicia?
El derecho penal propio de las democracias liberales se configura en torno al principio de legalidad: debe castigar actos concretos previamente tipificados como delito. Cuando se penan conductas que no atienden a actos concretos cometidos por su autor sino a características de su personalidad, o se consideran que éstas añaden un plus de peligrosidad al sujeto, se resucita una figura jurídica infame: el derecho penal de autor. Éste básicamente conlleva que el castigo no se impone a la persona por algo que haya hecho, sino por lo que es o piensa. Se inicia así una espiral de ideologización del derecho penal que lo que pretende es poner el ius puniendi del Estado al servicio de una causa política. El triunfo de esta pretensión supone la muerte del Estado de Derecho.
En su opinión, la clave del populismo reside en la exaltación de la emoción frente a la razón. Pero, ¿debe desterrarse totalmente la emoción del ejercicio de la política?
La emoción es parte consustancial del proceso de conformación del razonamiento humano. Como explica Haidt, nuestro pensamiento nace de una intuición, a la que nuestro intelecto busca dar forma dotándola de una razón. El político avispado lo sabe y, por ese motivo, intenta ser él quien ayude al ciudadano a construir esas razones que confirmen la intuición primigenia. Es trabajo del ciudadano mantener un espíritu crítico ante las razones o argumentos del poder, porque no siempre todo aquello que confirma nuestro sesgo se corresponde con la realidad.
Cuando se penan conductas que no atienden a actos cometidos por su autor sino a características de su personalidad, se resucita una figura jurídica infame: el derecho penal de autor
«El feminismo identitario no persigue la consecución de la igualdad ante la ley sino la subversión de dicha máxima». ¿Cuál es la razón?
El poder siempre tiende a autojustificarse y a intentar consolidarse y expandirse, pero para hacerlo necesita presentar ante la sociedad que existe un fin que justifica los medios empleados. La igualdad ante la ley y su tutela independiente por el poder judicial son los diques que le impiden lograr sus pretensiones, por eso están en el disparadero de la actual clase política.
¿En qué medida es responsable de la situación actual un movimiento como el Me Too?
El Me Too ha sido un catalizador, como en nuestro país lo fue la sentencia de La Manada. El hecho o hechos luctuosos que ha servido a los identitarios para generar una alarma social impostada y colocar en ella el foco mediático.
Es trabajo del ciudadano mantener un espíritu crítico ante las razones del poder, porque no siempre todo aquello que confirma nuestro sesgo se corresponde con la realidad
En lo referente al consentimiento sexual, ¿qué hay de cierto en la consigna «sólo sí es sí»?
Es falaz. Primero, porque sugiere la idea de que en España el sexo no consentido no es delito, algo que no es cierto. Segundo, porque parece imponernos a las mujeres que explicitemos el acto sexual. Esto es algo bastante paternalista, pues nosotras sabemos comunicarnos en lenguaje no verbal, tanto para decir que sí como para decir que no. Por otra parte, abre una puerta muy peligrosa, pues por un lado se podrían considerar como delitos contra la libertad sexual supuestos en los que hubo consentimiento, pero éste no se explicitó. Por otro, plantea a quién correspondería acreditar la concurrencia de ese consentimiento explícito. Sus defensores, como el colectivo Themis, te dirán que debería hacerlo el varón acusado -a modo de eximente- lo que determinaría una inversión de la carga de la prueba y una vulneración en toda regla de la presunción de inocencia.
Según Pablo Iglesias, la condena a Isa Serra por atentar contra la autoridad durante un desahucio demuestra que la «Justicia no es igual para todos». ¿Está en lo cierto?
Impedir u obstaculizar la ejecución de resoluciones judiciales empleando la violencia es y debe ser un delito, da igual el fin y que su autor sea un diputado de izquierdas o de derechas. Serra ha sido condenada por esto mismo. Que el hecho de ser un diputado de Podemos te exima de responder ante los tribunales es buena muestra de cómo pretender subvertir la igualdad ante la ley y restaurar el derecho penal de autor.
En el último capítulo del libro, denuncia que la cuestión identitaria impregna tanto los discursos de la extrema derecha como de la extrema izquierda. ¿Qué peligros entraña cada uno de ellos?
En realidad, ambos recurren a la misma herramienta o instrumento jurídico: la resurrección del derecho penal de autor. Mientras que la extrema izquierda pone el acento en la potencialidad criminal de los varones por razón de su sexo, la extrema derecha lo pone en los inmigrantes por razón de su nacionalidad. Por si fuera poco, ambas agitan alarmas sociales impostadas, pues la estadística evidencia que el porcentaje de varones condenados por delitos sexuales es muy bajo y que España es uno de los países más seguros para ser mujer. Por cierto: no deja de ser curioso comprobar como un extremo reproche al otro la criminalización preventiva de un colectivo determinado, al tiempo que hace lo propio con otro. Ya saben lo que dicen, la paja en el ojo ajeno Por eso, yo siempre afirmo que extrema derecha y extrema izquierda no se combaten, sino que compiten.
La consigna «solo sí es sí» sugiere la idea de que en España el sexo no consentido no es delito, algo que no es cierto
Hay un suceso que tuvo lugar hace no demasiado tiempo y que evidencia esta identidad de métodos y discursos. Unos jóvenes refugiados afganos fueron acusados de atentar contra la libertad sexual de unas turistas americanas. Tanto desde la izquierda como desde la derecha se usó este suceso para agitar las respectivas pancartas políticas y colectivizar responsabilidades: Vox señalaba a la inmigración y PSOE y Podemos a los varones y su potencialidad violadora. Pues bien, tras un tiempo se ha sabido que, por lo visto, las turistas formularon la denuncia para cobrar un seguro de viaje, pero estos jóvenes ya fueron señalados y condenados.
La enseñanza que creo que todos deberíamos extraer de este tipo de sucesos es que la presunción de inocencia debe de imperar siempre, y no puede matizarse o suprimirse en función del sexo o la nacionalidad de los acusados.
