Máxima preocupación en las cárceles catalanas por el contagio del coronavirus y la falta de material de los funcionarios, que no se pueden poner mascarillas para evitar generar alarma entre los reclusos, según ha denunciado el sindicato CSIF.
Por este motivo, ha instado a la Generalitat a dar la información real sobre los casos de coronavirus entre los presos tras conocerse que el aislamiento a 105 presos en la cárcel de Brians 2 por el coronavirus tras un primer positivo. El sindicato mayoritario no descarta más contagios en el resto de prisiones y exigió a la Generalitat extremar las medidas entre los funcionarios y reclusos.
La Generalitat ha aplicado medidas extraordinarias en las cárceles catalanas para evitar los contagios entre la población reclusa y los funcionarios. Según fuentes internas de CSIF Prisiones, «existen más casos en las prisiones catalanes, pero no se informa de ello a nadie» y denuncian la «falta de transparencia», una situación que definen como «inaudita».
Exhaustivos controles de entrada y salida, prohibidos los vis a vis íntimos
Los funcionarios están desprotegidos desde el principio de la crisis del Covid-19, según denuncian las mismas fuentes, y se están controlando ahora de forma más exhaustiva la entrada y salida de internos (permisos, ingresos, salidas programadas) y de sus familiares a través del departamento de comunicaciones. Mientras las comunicaciones especiales -vis a vis íntimos, familiares y de convivencia- han quedado suspendidas hasta que la normalidad se instale nuevamente en las cárceles, pero las comunicaciones orales (locutorio a través de vidrio) se han respetado e incrementado distribuyéndose en toda la semana (de lunes a viernes).
«Esta medida nos plantea muchas dudas al colectivo de prisiones. Si la principal premisa es reducir el número de personas en un mismo espacio y tiempo para evitar el contagio, ¿Qué explicación tienen para agrupar cientos de personas en un reducido espacio como es una sala de espera de comunicaciones? A forma de ejemplo, en el centro penitenciario de Brians 2, con unos 1.600 internos aproximadamente, cada turno de comunicación oral puede llegar a admitir hasta un total de 164 personas juntas, si tenemos tres turnos por día, la cifra final puede acercarse a 500 familiares. La exposición de los funcionarios es evidente», según denuncian las mismas fuentes.
Las medidas de autoprotección de las que disponen los funcionarios son muy pocas o ninguna. De hecho, hay una orden interna enviada por la Secretaria de Medidas Penales, Rehabilitación y Atención a la Víctima que especifica: «El uso de mascarillas queda restringido a estos supuestos. El uso indiscriminado de mascarillas es objeto de alarma y se ajustará a las prescripciones establecidas».
Así, sólo les dejan llevar las mascarillas en los departamentos de comunicaciones y en otros departamentos les obliga a quitárselas por no provocar alarma entre los internos que preguntan al personal penitenciario que por qué no llevan máscaras de protección.
Prohibición a los funcionarios de llevar mascarillas
Los funcionarios entienden con esto que la Administración está más angustiada por la alarma social que por proteger a sus trabajadores. «¿Cómo es posible que a estas alturas haya centros que no disponen del material imprescindible para garantizar nuestra seguridad? ¿Cómo es posible admitir paquetes de entrada sin limitación cuando queda patente que es uno de los principales focos de entrada de un posible virus?¿Por qué, en un centro penitenciario de grandes dimensiones, se ha autorizado la entrada de voluntarios para asistir al culto religioso? ¿Por qué, a diferencia de otras comunidades, no disponemos de un modelo oficial para poder solicitado la flexibilidad horaria para deberes inexcusables? ¿Por qué no recibimos información actualizada sobre el estado de los internos y/o compañeros que permanecen en cuarentena?», preguntas que aún no tienen respuesta.
Por este motivo exigen «las máximas garantías para nuestro colectivo y pensamos que esto no es incompatible con respetar los derechos mínimos para los internos y sus familias. Una vez más, mostraremos nuestra profesionalidad y saldremos como hemos hecho hasta ahora, a pesar de no sentirnos apoyados como nos gustaría y como pensamos que nos merecemos. La defensa de los trabajadores públicoses un deber inexcusable para los dirigentes de la Administración, y cuidar de todos nosotros y de nuestros familiares no se puede dejar en manos de la improvisación», destacan las mismas fuentes.
Ante esto, han pedido la distribución del material EPI a todos los trabajadores del sistema penitenciario, pese a que escasean en los hospitales catalanes.