El Centre LGTBI de Barcelona, entidad pionera en España promovida desde el Ayuntamiento que preside Ada Colau, ha cumplido esta semana su primer año de actividad. Lo ha hecho con un balance de usuarios que supera las 20.000 personas y la constatación de que este colectivo sufre cada vez más agresiones físicas y psicológicas. A ello se suma el «armario laboral«, al que las personas LGTBI están «volviendo a entrar». Así lo explica a El Liberal el presidente del Observatorio contra la Homofobia catalán y miembro de la Plataforma LGTBI Cat, Eugeni Rodríguez.
Rodríguez asegura que, en el mundo laboral, las personas LGTBI se ven afectadas tanto por la precariedad como por el temor a dar a conocer su condición. «Cualquier movimiento que puedas hacer es en tu contra», denuncia Rodríguez, «ha vuelto la discriminación y hay miedo a decir lo que somos». En lo que a las agresiones se refiere, las cifras son escandalosas. En los primeros siete meses de 2019, un total de 102 personas LGTBI denunciaron haber sido víctimas de agresiones de diferentes tipos en Cataluña. De ellas, 44 se produjeron en Barcelona. El incremento con respecto al mismo periodo de 2018 fue del 40%.
A víctimas como estas se dirigen parte de los servicios del Centro LGTBI de Barcelona, en el que también trabaja el Observatorio contra la Homofobia. El centro, que cuenta con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, es comparable a otros existentes en ciudades como Nueva York y San Francisco. Es un lugar en el que el colectivo LGTBI encuentra «un espacio amable«, en palabras de Eugeni Rodríguez. «Es un colectivo de personas vulnerables, como lo pueden ser las mujeres o los mayores», añade, «y ya solo por eso es necesario».
La amenaza ultra
El colectivo lo integran «personas que necesitan que les entiendan», relata Rodríguez, «y que quienes les atiendan sean profesionales en este campo». Y es que, señala, «no es lo mismo que te insulten en la infancia por llevar gafas a que lo hagan porque eres gay». Insultos y agresiones que este colectivo recibe a cualquier edad y que, según Rodríguez, se están viendo agravados por culpa del auge de la extrema derecha. «Es una amenaza nueva«, asegura, «antes las agresiones se daban de una manera más casual. Ahora la extrema derecha ha legitimado con su discurso estas agresiones. Es algo muy preocupante».
Esta situación de violencia, los problemas laborales o los derechos de grupos como los transexuales o los intersexuales llevan a reclamar al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez una ley estatal que proteja a las personas LGTBI. «Es un tema crucial«, asegura Eugeni Rodríguez. Algunas comunidades autónomas cuentan con legislación propia al respecto. Y hay ayuntamientos especialmente activos en políticas LGTBI, como los de Ripollet o Celrà. Sin embargo, «hacen falta herramientas para todo el Estado», asegura el presidente del Observatorio contra la Homofobia. Y suma la necesidad de promover «una ley trans«, que «ha de tocar unos resortes más concretos, porque tiene que ver con aspectos como el cuerpo y la salud».
Atención a los transexuales
Precisamente el colectivo transexual será destinatario de nuevos servicios en el Centro LGTBI de Barcelona. Así, se pondrán en marcha en los próximos meses un nuevo programa de itinerarios personalizados de atención y un espacio de encuentro entre iguales. Para Jordi Vitó, secretario de la asociación Chrysallis (familias de menores transexuales), la existencia de espacios como el promovido por el Ayuntamiento de Barcelona «es importantísima». «Los trans», recuerda Vitó, «no son enfermos. Pero necesitan contactar con gente que está pasando por lo mismo». En su opinión, un lugar como el Centro LGTBI permite «visibilizar al máximo posible la transexualidad, personas que tienen una identidad que no coincide con la que se les asignó al nacer» y, como consecuencia de esa visibilización, «que la sociedad lo normalice«.
Vitó admite que «la transfobia es muy dura». Sobre todo cuando tiene como resultado algo tan demoledor como es el suicidio. En su asociación se han registrado varias víctimas en los últimos años. Y todo «por culpa de una sociedad que, con sus prejuicios y acusaciones, aprieta mucho». Al igual que Eugeni Rodríguez, Jordi Vitó considera que es imprescindible una legislación estatal al respecto. En su opinión, el Gobierno debería promover una ley de identidad y otra que proteja los derechos de las personas LGTBI.
De forma similar a Eugeni Rodríguez y Jordi Vitó se pronuncia Rodrigo Araneda, presidente de la asociación ACATHI y colaborador del Centro LGTBI de Barcelona. En su caso, ayudan básicamente a inmigrantes LGTBI. En su opinión, el centro municipal es «una apuesta interesante«. Pero lo considera básicamente «un punto de partida» que debe tener como objetivo «dar visibilidad a los colectivos». «Es un primer rodaje«, abunda, «pero aún hay que trabajar en colectivos como lesbianas, migrantes, trans, refugiados y discapacitados».
Araneda recuerda que existen «temas aún invisibles» en el colectivo LGTBI como la intersexualidad y es en la visibilidad de estos grupos en la que considera que debería también invertir esfuerzos el centro de Barcelona. En el caso de los migrantes, Araneda tiene claro que acuden al Centro LGTBI no tanto por su condición sexual como por otras cuestiones como, por ejemplo, migración. Allí «se encuentran cómodos a la hora de pedir ayuda». Pero, concluye, los servicios ofrecidos hasta ahora siguen sin ser suficientes.