Esta pregunta ha sido hecha, en la reciente campaña electoral, a los partidos de izquierda, especialmente al PSOE, a propósito de sus mensajes a favor de la plurinacionalidad y el federalismo.
Esta cuestión recurrente para la izquierda y los diversos nacionalismos aparece y se intensifica en momentos de crisis institucional, como si España estuviera inacabada o sobrara. También puede afirmarse que el ser histórico de España se cuestiona en momentos de debilidad institucional para no encarar los retos objetivos de presente y futuro como la seguridad y la libertad, la soberanía y la identidad común, la educación y el empleo, la tradición y la cultura, la economía y la competencia, y se vuelve a las obsesiones de la división y el sectarismo de tan funesta memoria.
Pero entremos en la cuestión que se plantea. La pregunta está mal formulada porque remite a dos significados contradictorios: la subsistencia de España como nación de naciones, o el desguace de España al subsumirse en un conjunto de naciones resultantes. Ambos significados responden a intereses de élites de izquierda -socialista y comunista- y de nacionalistas fragmentarios según dos vías de solución: los modelos compuestos, federales o confederales, y la disolución de España como nación reducida a un aparato estatal- para que emerjan otras naciones como consecuencia de su fractura y descomposición.
Más pertinente, aunque de Perogrullo, es formular la pregunta así: ¿Es España una nación? Sólo cabe una respuesta real y objetiva: España es una nación histórica y constitucional lo que dilucida la cuestión, por lo que no hay ni caben otras naciones en el sentido cívico, político y constitucional. A continuación, lo analizamos de forma motivada.
España es una nación histórica y constitucional lo que dilucida la cuestión, por lo que no hay ni caben otras naciones en el sentido cívico, político y constitucional
El ser histórico de España se desarrolla en dos periodos: el anterior y el posterior al constitucionalismo moderno, cuyo origen es la lucha de los españoles contra la invasión napoleónica (1808-1814) que culmina con el control del territorio español, la asunción de la soberanía nacional por los españoles y la aprobación de la Constitución de Cádiz (1812) que en el artículo primero proclama: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» y, a continuación, en el artículo 3, afirma el carácter unitario de la soberanía y lo atribuye a la Nación, esto es, a los españoles sin distinción: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales».
Así se mantendrá, con diferentes expresiones, en las cuatro constituciones que la siguieron durante el siglo XIX, y en las dos constituciones del siglo XX, la de 1931 y la vigente Constitución de 1978 que proclama: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» (art. 1.1) y «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»(art. 1.2).
El hecho constitucional es una aportación clave de la Modernidad Ilustrada, que se concreta en el «pacto social de unión y de sujeción al Derecho» como garantía de seguridad, libertad y desarrollo. En nuestra historia constitucional ha habido cambios en los contenidos del «poder constituido», es decir, las reglas, órganos y procedimientos constitucionales, pero no ha habido cambios en cuanto al «poder constituyente», esto es, el poder soberano único de la Nación de españoles.
El largo periodo histórico anterior al constitucionalismo, corresponde a la soberanía multisecular de la monarquía hispánica, cuya caracterización retrospectiva permite distinguir dos tendencias sucesivas en el tiempo acuciadas por la necesidad:
- La diversificación de reinos y territorios hispanos después de la conquista musulmana del siglo VIII que destruyó la unidad de la Hispania visigoda. Recuperar la unidad arrebatada fue un proceso complejo que duró ocho siglos, protagonizado por núcleos de resistencia al invasor, constituidos en diversos reinos, que de norte a sur fueron consolidando su posición territorial y fueron uniéndose fundamentalmente por uniones dinásticas con la finalidad de reconstruir la unidad. Esta conciencia de unidad la encontramos muy temprana en las intenciones de los monarcas de los principales reinos hispanos: en el siglo X los reyes de León, Alfonso VI y Alfonso VII, se hicieron coronar como «Imperator totius Hispaniae»; en el siglo XI, Alfonso I el batallador, rey de Aragón, se proclamó «Imperator Hispaniae», y Sancho III, rey de Navarra, como «Hispaniae Rex»;en el siglo XII, Alfonso VII, rey de Castilla, se proclamó «Imperator Legionensis et Hispaniae».
- La unidad de España como nación histórica desde la Edad Moderna. En el siglo XV se completa el ciclo de la reconquista con la conquista del reino de Granada (1492) que rememora la unidad de la Hispania romana y después visigoda.
El ser histórico de España se cuestiona en momentos de debilidad institucional para no encarar los retos objetivos de presente y futuro
En el siglo XV se unen las coronas de Castilla y Aragón, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón (unión con reservas para ambos reinos en el Tratado de la Concordia de Segovia, 1474), y unión definitiva en 1516 con el ascenso al trono de su nieto Carlos I.
Durante la Edad Moderna, prevaleció la unidad religiosa y la diversidad de los reinos de la monarquía de los Austrias. La cualidad de los distintos reinos y territorios originarios con sus fueros y tradiciones medievales era un mosaico de intereses diversos y a veces enfrentados, al tiempo que las necesidades operativas de España, en pugna con otros estados europeos por el control del vasto imperio español y las rutas marítimas, llevaron a aplicar políticas de unidad, durante el reinado de Felipe IV, para hacer frente a las necesidades económicas y militares del imperio según el principio «multa regna, sed una lex» (muchos reinos, pero una ley) que suponía un cambio radical en la política de los Habsburgo.
La unidad institucional y operativa se impondrá a través de los decretos de Nueva Planta (1707-1716), durante el reinado de Felipe V de la dinastía borbónica, que supondrá cerrar un periodo de más de 60 años de luchas sociales y territoriales con la sublevación dels Segadors (1640-1659), instigada por la nobleza y propietarios catalanes, y la Guerra de Sucesión a la Corona de España (1701-1713), y se completará con los decretos de 1756 y 1757 sobre libre circulación de granos y otras mercancías que aportaron indudables ventajas. La unidad creada, en expresión del historiador Vicens Vives, supuso «echar por la borda del pasado un anquilosado régimen de privilegios y fueros…»
El estado unitario borbónico permitió cierta prosperidad comercial e industrial, que sufrirá un duro golpe con la invasión napoleónica, a comienzos del siglo XIX, con regresión económica e inestabilidad política.
Después de este sucinto, pero significativo recorrido, hemos de preguntarnos ¿Por qué se cuestiona la Nación española y volvemos a la etapa superada de la fragmentación medieval?
Cabe una doble respuesta. Por una parte, los intereses de élites territoriales nacionalistas que, como la nobleza medieval, han afianzado su poder institucional, gracias al Estado autonómico, con la construcción de potentes redes clientelares, sostenidas con recursos públicos, para ganarse la voluntad de «pueblo» contra España con que esgrimir un poder soberano diferenciado al resto de españoles. Por la otra, la ceguera del conocimiento de líderes y partidos españoles, PSOE y PP, que durante años han dejado hacer a los nacionalistas, cuyo fin, sin tapujos, es conseguir el poder absoluto.
La polarización radical entre izquierda y derecha en las pasadas elecciones ha tenido el efecto -intencional o colateral- de romper el eslabón más débil en el centro político, Ciudadanos.
¿A qué nos lleva el plurinacionalismo? La mayoría de las experiencias plurinacionales han acabado en desastre con altos costes humanos y materiales, sirva como ejemplo nuestra I República federal (1873-1874). España, por historia, cultura y Constitución no es una realidad plurinacional; en su interior no coexisten grupos nacionales soberanos diferenciados como se ha expuesto. Esta realidad fáctica se vuelve en contra de las pretensiones federales y confederales: no se pueden federar o confederar grupos humanos que comparten la misma Nación soberana como es el caso de los españoles. La Constitución reconoce, eso si, diversidades culturales y lingüísticas, no esenciales, y lo recoge con el término nacionalidades.
La fractura de la unidad y soberanía de los españoles, que es el contenido real de las pretensiones plurinacionales, sólo puede lograrse, salvo apaños torticeros, de dos formas: mediante la reforma constitucional agravada, prevista en el artículo 168, con el condicionante de que el fundamento del vigente orden constitucional es «la indisoluble unidad de la Nación española…» (art. 2), o a través de un proceso revolucionario que anule la Constitución.
Ambas vías son improbables en la actual situación y correlación de fuerzas, por lo que sólo se explica por el decreciente apoyo electoral a los partidos de izquierda nacional (de casi 12 millones de votos en 2015 a un poco más de 10 millones de las últimas elecciones) que para continuar en el poder necesitan el apoyo de partidos secesionistas, y por su rechazo visceral a los partidos nacionales de derecha. La polarización radical entre izquierda y derecha en las pasadas elecciones ha tenido el efecto -intencional o colateral- de romper el eslabón más débil en el centro político, Ciudadanos, y de potenciar la emergencia de más partidos territoriales.