Las algaradas que tuvieron como escenario Barcelona a mediados de octubre del año pasado como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum ilegal del 1-O llevaron a los Mossos a un «punto crítico«. Así lo recoge una auditoría encargada por el conseller de Interior, Miquel Buch, y cuyos resultados han sido presentados este lunes. Una auditoría que ha constatado, además, que entre 2017 y 2019 Cataluña fue escenario de 18.200 movilizaciones en las que tuvieron que intervenir de alguna manera los agentes del cuerpo policial autonómico.
«La intensidad de aquellas algaradas, la prolongación en el tiempo de unas movilizaciones generales y la gran desproporción entre manifestantes violentos y agentes tensaron la organización hasta llevar la capacidad de gestión en orden público a un punto crítico», ha reconocido el conseller Buch, acompañado del secretario general de Interior, Brauli Duart; el director general de la Policía, Pere Ferrer y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent.
Una comparecencia a la que no han permitido el acceso de los medios de comunicación que no se hubieran acreditado previamente. Interior ha explicado posteriormente y a través de Twitter que la decisión se ha tomado por las nuevas medidas de seguridad derivadas de la pandemia de COVID-19. Medidas que obligan a la conselleria a «ser cuidados y estrictos con los aforos». Por ello, han advertido, no pueden «hacer excepciones ni tener tratos de privilegio«.
Revisión de 360º
La auditoría, por otro lado, es «una revisión de 360º, desde la toma de decisiones, hasta las actuaciones individuales, pasando por las herramientas policiales, la interpretación del cambio hacia acciones violentas y organizadas o la comunicación pública», según ha explicado Miquel Buch. El conseller también se ha referido como «un ejercicio de transparencia» en el que se reconoce que los Mossos han cometidos errores que hay que «corregir».
Buch ha advertido que, de cualquier manera, no se puede poner en riesgo el modelo policial catalán porque se trata de «una herramienta clave del autogobierno«. «Un modelo policial», ha añadido, «que fija el Parlament, como expresión democrática del país y que cuenta con la responsabilidad política del Govern».
La auditoría fija, finalmente, ocho puntos en los que los que Interior debe mejorar la gestión de los Mossos. Entre otros, destaca el «fortalecimiento de la coordinación entre las unidades y servicios que intervienen en la gestión operativa, las áreas regionales de orden público (ARRO) y la Brigada Móvil (BRIMO) y la revisión del número operativo policial (NOP) «para hacerlo más sencillo y fácil de recordar».
Mayor capacidad técnica y más tecnología
El documento recoge también la «necesidad de aumentar la capacitación técnica de las unidades en busca de una mayor eficacia policial. Así, se fija como objetivo dotar al cuerpo de «nuevas herramientas, estrategias y tácticas operativas que incrementen el abanico de recursos disponibles de intervención previos a la utilización de medios disuasorios«.
Se potenciará «el papel de la mediación en conflictos de orden público» con el fin de «evitar llegar al uso de la fuerza». «Se ha comprobado en los últimos años que el diálogo es una herramienta muy valiosa para reducir la tensión y la conflictividad», apunta la auditoría.
Se prevé, finalmente, que los Mossos mejoren la toma de decisiones a través de agentes «especialistas en orden público y en negociación de conflictos». Y se pondrán al servicio de de los dispositivos policiales más recursos tecnológicos para mejorar la gestión y la toma de decisiones.
